Por Edna Alcántara
MEXICO, 16 abr (Xinhua) -- Dos ex gobernadores mexicanos buscados en el extranjero fueron arrestados en menos de una semana, el primero en Italia y el segundo anoche en Guatemala, y se espera que ambos sean extraditados para enfrentar la justicia en México.
Autoridades y legisladores de diversos partidos políticos se han pronunciado este domingo en favor de un juicio ejemplar para ambos ex funcionarios regionales.
En el caso del ex gobernador del estado de Tamaulipas (noreste), Tomás Yarrington (1999-2004), analistas consideran la posibilidad de que sea enviado a Estados Unidos, ya que también enfrenta en ese país acusaciones en su contra.
Yarrington, detenido el pasado 9 de abril en Florencia, Italia, se encontraba prófugo desde hace nueve años, tanto de la justicia mexicana como estadounidense, al contar con órdenes de arresto en ambos países por narcotráfico y otros delitos.
El político, quien actualmente está preso en la cárcel Sollicciano de Florencia, incluso aspiró en su momento a ser el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los comicios presidenciales de 2006.
De acuerdo con analistas consultados por Xinhua, el destino del ex gobernador Yarrington será su enjuiciamiento en Estados Unidos por narcotráfico, debido a que es reclamando por la presunta relación con cárteles de la droga desde hace casi 20 años.
A su vez, el ex gobernador del estado de Veracruz (este), Javier Duarte, fue detenido anoche en Guatemala por la policía internacional Interpol, tras permanecer prófugo desde octubre pasado.
Duarte fue capturado en un hotel en la municipalidad guatemalteca de Panajachel en el departamento de Sololá (suroeste), para ser trasladado posteriormente a la prisión de Matamoros en el interior de un cuartel militar en la ciudad de Guatemala (capital).
El ex funcionario regional, quien gobernó Veracruz de 2010 a octubre pasado, es acusado en México de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Espera ahora que un juez determine su situación y revise la solicitud de la cancillería mexicana para su extradición, sin desechar que sus abogados podrían solicitar un amparo.
La justicia mexicana sospecha que Duarte encabezó una red de funcionarios que malversó recursos por 6.000 millones de pesos (más de 319 millones de dólares).
Según organizaciones civiles, a la corrupción del gobierno de Duarte se sumó la represión, al asegurar que durante su gestión desaparecieron 15.000 personas, fueron asesinados 15 comunicadores, 40 salieron de la entidad y 65 denunciaron agresiones.
Estas organizaciones denuncian además que en el gobierno de Duarte se persiguió a activistas de derechos humanos y se masificó la impunidad, como demostró el caso de varios jóvenes que violaron a una menor, incidente conocido como de "Los Porkys (puercos)".
De acuerdo con las autoridades mexicanas, para la captura de ambos ex gobernadores se trabajó en coordinación con la Interpol a fin de dar con su paradero, al tiempo que la cancillería mexicana solicitó la detención con fines de extradición.
Yarrington y Duarte llegaron a su cargo abanderados entonces por el gubernamental PRI, aunque fueron expulsados de esta fuerza política ante los escándalos de corrupción.
El propio PRI exige a las autoridades que sus ex militantes enfrenten a la justicia, además de que se aclare la situación de los inculpados, de la que se dice ajeno.
Partidos opositores consideran que la posición del PRI obedece a una estrategia política de cara a las elecciones a gobernador del 4 de junio próximo en los estados de Coahuila (norte) y Nayarit (oeste), así como del estado de México (centro).
Las elecciones regionales de junio próximo serán las últimas previas a los comicios en que se elegirá presidente de México en 2018.
El coordinador en la Cámara de Senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Avila, consideró al respecto que en el proceso judicial que se siga a ambos detenidos "no debe haber simulación ni impunidad".
A su vez, la coordinadora de los senadores del también opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, exigió "llegar al fondo" del caso Yarrington y Duarte.
Por su parte, el profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de México, Mario Torrico Terán, consideró en entrevista con Xinhua, que ahora "es muy anticipado" pensar que todo ello "defina los resultados de las elecciones".
Confió, no obstante, en que "se logre su extradición al país lo más pronto y se abra un juicio para que enfrenten a la justicia, y su caso se castigue de manera ejemplar".
En tanto, el consultor en temas de justicia, Samuel González, explicó que las reglas de los tratados internacionales para este tipo de situaciones favorecen que la futura extradición de Yarrington sea hacia Estados Unidos y no a México.
Subrayó que dos factores inclinan la balanza a favor de Washington, uno de ellos que en la operación de la policía italiana para arrestarlo tuvieron participación directa agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
En los últimos años, otros políticos mexicanos también han estado involucrados en escándalos de corrupción, además de Yarrington y Duarte, como en el caso del ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés.
A principios de este año, Moreira permaneció detenido una semana en España por acusaciones de presunta malversación de fondos.
La policía española detuvo a Moreira Valdés, quien ahora busca ser diputado local del estado de Coahuila (norte) del Partido Joven, por transferencias de dinero (200.000 dólares) hechas al país europeo en 2013.
El también ex gobernador de Coahuila (2005-2011) se ha deslindado de pertenecer a alguna agrupación criminal y ha dicho, por el contrario, que el grupo delictivo "Los Zetas" asesinó a su hijo.
El ex funcionario estuvo en prisión solamente una semana, pues el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de España (principal instancia encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción) lo dejó en libertad sin fianza, al no hallar delitos en su contra.
Otro de los políticos mexicanos que se encuentra en la mira es el ex gobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, quien es señalado como responsable del mal manejo de las finanzas de esa entidad.
La fiscalía de Chihuahua dio a conocer a principios de abril el inicio de un proceso contra dos ex funcionarios de la administración de César Duarte, al considerar elementos suficientes en su contra para iniciar un juicio por presunto desvío de recursos públicos.