Conflicto entre poderes plantea "guerra constitucional" en Venezuela, asegura abogado

Actualizado a las 08/01/2016 - 09:29

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El panorama de conflicto entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial puede marcar 2016 como un año de "guerra constitucional" en Venezuela, afirmó a Xinhua el abogado constitucionalista Jesús Silva.

"Lamentablemente la Asamblea Nacional (AN, Poder Legislativo) con mayoría opositora que se resiste a obedecer una decisión judicial provisional que suspende los efectos de un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral, entra en un acto de desacato y de rebeldía contra el Poder Judicial", señaló Silva.

En su primera sesión ordinaria celebrada el miércoles, la nueva directiva opositora de la AN juramentó a tres diputados de la coalición derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo cual incumplió la medida cautelar de inhabilitación de las elecciones en el estado Amazonas (sur) dictada por el Poder Judicial.

El diputado socialista Diosdado Cabello dijo el miércoles que al desconocer el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la nueva Asamblea Nacional (AN) adquiere un carácter "ilegítimo".

"A partir de esa juramentación todos los actos comienzan a tener un carácter de ilegalidad e ilegitimidad. Ellos mismos se están ilegitimando, desconocen el Poder Judicial", afirmó Cabello en su programa semanal de televisión "Con el mazo dando".

A juicio de Cabello, se trata de una actitud "provocadora y de desestabilización" que promueve la derecha venezolana, en cumplimiento de las "órdenes imperiales".

Para el abogado constitucionalista, el ánimo de desconocer las instituciones venezolanas "es concretar un golpe parlamentario" para derrocar el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y, como parte de ese objetivo, se incluye no respetar las decisiones del TSJ.

La nueva mayoría en la AN planea sacar del poder al presidente en un lapso no mayor de seis meses, "pero no han dicho cuáles son los mecanismos que habrían de implementar para lograr ese objetivo, y tenemos profundas reservas de que tales mecanismos puedan ser constitucionales", señaló.

Enfatizó que la AN, en manos de la mayoría opositora, será utilizada como una tribuna para acumular fuerzas en función de una campaña presidencial adelantada dentro del plan "público y notorio" de derrocar al mandatario venezolano.

A este respecto, Maduro aseguró que de ser necesario actuará con "mano de hierro", ante las pretendidas acciones desestabilizadoras que sean promovidas por el nuevo parlamento para derrocar su gobierno.

"En su agenda está sacarme de la Presidencia de la República, ellos dicen que seis meses (...) La única forma de mantener la paz y la democracia es que Nicolás Maduro se mantenga en la presidencia con el apoyo del pueblo", afirmó este martes en alocución al país.

Según Silva, la actitud de la fracción opositora denota la concreción de una "renovación de lo que fue el golpe de Estado de 2002, ahora en formato de golpe parlamentario", por lo que a su juicio debe existir prudencia de las demás instituciones.

En este sentido, el abogado constitucionalista dijo que vendrán más actos de sabotaje por parte de la AN con mayoría opositora, que seguirá intentando invocar normas jurídicas mal interpretadas con el objetivo de desafiar a los demás poderes públicos.

"Es necesaria la acción institucional de los otros poderes para obligar a estos infractores de la norma constitucional a entrar nuevamente en el carril del estado de derecho de la democracia", precisó el abogado.

La fracción opositora acusó como una falta de "transparencia e independencia" del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, la decisión de impugnar a los diputados supuestamente electos en el sureño estado Amazonas, y definió a la sala electoral del TSJ como aliada del gobierno al ser favorable al oficialismo.

En relación a esto, Silva aclaró que los poderes públicos en Venezuela son independientes y están subordinados a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por esta razón "cualquier actuación que ejecute la AN con estos diputados que no están jurídicamente reconocidos significa un vicio de nulidad absoluta".

Desconocer el mandato judicial genera nulidad absoluta de todos los actos y decisiones que se tomen en el actual Poder Legislativo de Venezuela, explicó.

Por su parte, el diputado del Gran Polo Patriótico, Elías Jaua, calificó el desacato de la oposición parlamentaria como una "ruptura de los principios de corresponsabilidad", que están establecidos en la Carta Magna para garantizar la institucionalidad democrática en Venezuela.

"En menos de 24 horas este parlamento se ha colocado al margen de la institucionalidad irrespetando la Constitución Nacional", dijo Jaua en la estatal Venezolana de Televisión.

Silva dijo que debe surgir una "reflexión por parte de la directiva de esta nueva AN, que rectifique, comparezca ante las instancias judiciales y presente sus alegatos".

De no existir rectificación, el gobierno venezolano puede aplicar los mecanismos sancionatorios de la Carta Magna en función de que el país no resulte afectado por una severa crisis institucional.