BEIJING, 1 dic (Xinhua) -- Mientras el mundo celebra este domingo el 70º aniversario de la Declaración de El Cairo, para Japón es hora ya de respetar los términos dictados por el histórico documento.
El 1 de diciembre de 1943, la Declaración de El Cairo fue transmitida a través de un comunicado radial en Chongqing, Washington y Londres, marcando la pauta para el inminente final de la guerra más destructiva en la historia de la humanidad.
El histórico documento, firmado por China, Estados Unidos y Reino Unido, expresó la determinación de los Aliados de la Segunda Guerra Mundial de continuar con las acciones militares hasta la rendición incondicional de Japón.
También fijó los objetivos para el orden de posguerra, en el que Japón debería devolver todos los territorios que había robado a China, incluido Taiwan. Las Islas Diaoyu, que durante los últimos años Japón ha reclamado como parte de su territorio, estaban entonces afiliadas a Taiwan.
La Declaración de El Cairo sirve como fundamento del orden de posguerra en Asia Oriental. Mediante la incorporación de la historia, las leyes internacionales y los tratados bilaterales, el documento preparó la base para la paz regional.
El 26 de julio de 1945, la Declaración de Potsdam, emitida por Estados Unidos, Reino Unido y China, reafirmó que los capítulos de la Declaración de El Cairo deberían llevarse a cabo, y estipuló que "Los capítulos de la Declaración de El Cairo deben implementarse y la soberanía de Japón debe ser limitada a las islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y las islas pequeñas como determinamos".
A través de la firma del Instrumento de Rendición un mes después, Japón específicamente aceptó las disposiciones de la Declaración de Potsdam, que incorporó los capítulos de la Declaración de El Cairo.
La normalización de las relaciones chino-japonesas también se logró dentro del marco de la Declaración de El Cairo y la Declaración de Potsdam. En el Comunicado Conjunto Chino-Japonés suscrito en 1972, Japón acordó que "mantiene firmemente su posición bajo el Artículo 8 de la Declaración de Potsdam".
Seis años después, en el Tratado de la Paz y la Amistad China-Japón de 1978, los dos países se comprometieron a respetar estrictamente los principios establecidos en el comunicado conjunto, y que "usarán vías pacíficas para resolver todas las disputas y se abstendrán del uso de la fuerza o las amenazas del uso de la fuerza".
El orden de posguerra en Asia Oriental, que ha resistido las vicisitudes del tiempo, se mantiene firme en su compromiso con la devolución de los territorios robados o ocupados por invasores, así como el estatus internacional de esos países que fueron víctimas de la guerra de agresión de Japón.
Sobre esta base, Asia Oriental ha emergido rápidamente de las cenizas de la guerra para convertirse en uno de los envidiables centros económicos del mundo. En un ambiente pacífico, Japón, la parte continental de China, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, Singapur, así como muchos países y regiones del Sudeste Asiático han experimentado un espectacular crecimiento durante las últimas décadas.
La Declaración de El Cairo, así como otros documentos relacionados han constituido la garantía legal para la prosperidad económica en Asia Oriental.
Ignorar dichos documentos y permitir a los invasores militaristas mantener las tierras robadas supondrá un desafío al orden de posguerra en Asia Oriental, un riesgo para el repunte del militarismo rampante promovido una vez por Japón y la posibilidad de que se propague el resentimiento histórico en los países que sufrieron la agresión japonesa.
Como país amante de la paz, China necesita un entorno pacífico para su desarrollo nacional. Japón ha sido quien ha provocado las disputas sobre las Islas Diaoyu y la escalada de la tensión regional para desafiar el orden de posguerra.
Pese al rotundo rechazo de China, el 10 de septiembre del año pasado, Japón declaró unilateralmente la supuesta "nacionalización" de las Islas Diaoyu, sin tener la más mínima consideración respecto a la declaración.
El gobierno de Abe ha hecho la vista gorda a las evidencias presentadas por el gobierno de China y el testimonio de testigos japoneses, y se rehusó a reconocer el acuerdo de "archivar las disputas" sobre el tema de las islas, alcanzado por ambas partes en la década del 70.
Si Japón ni siquiera admite la disputa, ¿cómo se pueden celebrar los diálogos y las negociaciones para buscar un acuerdo?
Enmendar la actual Constitución pacifista de Japón y fortalecer su poderío militar es el principal factor detrás del empeño de la administración de Abe de seguir su propio camino.
Como lo estipula su Constitución pacifista de posguerra, Japón no tiene derecho a iniciar una guerra. La llamada "amenaza de China" es una pobre excusa que se ha inventado Tokio para acabar con las restricciones impuestas por la Constitución.
Más aún, la administración de Abe asume una postura apática sobre los crímenes de guerra cometidos por Japón hace unos 70 años.
Las declaraciones y acciones provocadoras, tales como cuestionar la definición de "agresión", no escatimar esfuerzos en la modificación de la Constitución nacional que renuncia a la guerra, y la visita al santuario Yasukuni, han sido repetidas una y otra vez por parte del primer ministro.
La disputa sobre las Islas Diaoyu tiene que ver grandemente con la actitud de Japón respecto a su pasado agresivo y militarista, su intención de modificar su Constitución pacifista y el orden de posguerra en Asia Oriental dictado por la Declaración de El Cairo.
El orden de posguerra en Asia Oriental y en Asia-Pacífico en su conjunto, prescrito por la Declaración de El Cairo, sirve no solo como advertencia contra la catástrofe de la guerra y un castigo contra los perpetradores de crímenes de guerra, sino también como importante puerta hacia la paz difícilmente lograda en la región, todo lo cual supone un repaso regular y profundo del histórico documento.
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