Los tribunales chinos sentenciaron y castigaron a 5,24 millones de delincuentes entre 2008 y 2012, lo que representa un aumento del 25,5 por ciento en comparación con el período 2003-2007, informó hoy domingo el presidente del Tribunal Popular Supremo (TPS), Wang Shengjun.
Un total de 1,86 millones de delincuentes fueron condenados por delitos graves como asesinatos, atracos, secuestros, colocación de bombas, tráfico humano y crímenes organizados, dijo Wang al presentar el informe de trabajo del TPS ante los cerca de 3.000 diputados que están participando en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), la máxima legislatura del país.
De acuerdo con el informe sobre la labor de la Fiscalía Popular Suprema, se dictaron sentencias para unos 2,97 millones de sospechosos de casos criminales.
Unos 20.000 delincuentes fueron condenados por su implicación en delitos relacionados con la producción y distribución de alimentos no aptos para el consumo y productos que no cumplen con los estándares de seguridad, añadió Wang.
Los tribunales han adoptado una actitud cautelosa a la hora de dictar la pena capital y el TPS ha revisado estrictamente estas sentencias, aseguró el máximo juez.
"Nos hemos asegurado de que la pena de muerte se aplique a un número muy reducido de personas que hayan cometido crímenes extremadamente graves", sostuvo Wang.
En los últimos cinco años, el TPS resolvió 49.863 casos y los tribunales locales cerraron 55,26 millones de casos.
El número de casos cerrados por los tribunales de todos los niveles pasó de 9,84 millones en 2008 a 12,4 millones en 2012, con un incremento del 26 por ciento.
Los casos civiles relacionados con negocios y derechos de propiedad intelectual han experimentado un incremento rápido en el último lustro.
La cantidad de casos comerciales subió un 42,6 por ciento para situarse en 16,3 millones en el periodo 2008-2012, según Wang, mientras que el de los relacionados con derechos de propiedad intelectual hizo lo propio en un 284,2 por ciento, para alcanzar 278.000 casos.
Además, durante ese tiempo, los tribunales concedieron un total de 218 millones de yuanes (34.600 millones de dólares) en concepto de compensaciones estatales en unos 8.600 casos.
El país también hizo esfuerzos para mejorar la respuesta ante los problemas del público general durante el desarrollo de los procesos judiciales y ante las quejas sobre algunos veredictos. El año pasado, los tribunales de todos los niveles acogieron unas 601.000 visitas de ciudadanos que planteaban quejas y peticiones, una reducción del 75,5 por ciento en comparación con el año 2007.
El tribunal supremo también trabajó para mejorar la transparencia de los procesos judiciales. Se publicaron los informes anuales de trabajo de los tribunales y se divulgaron en internet los documentos de los fallos con la intención de que las partes pertinentes pudieran seguir el proceso de sus casos en las páginas web de las cortes penales.
Gracias al rápido desarrollo del sistema de jurado popular en los últimos cinco años, el número de éstos creció un 52,7 por ciento con respecto a 2007 para llegar a 85.000 en 2012.
Los jurados populares, elegidos entre ciudadanos de todos los ámbitos sociales para trabajar junto a los jueces en los tribunales de nivel de base, participaron en más de 1,49 millones de casos el año pasado, una subida de entorno al 300 por cien en comparación con 2007, de acuerdo con Wang.
A pesar de los éxitos logrados en el último lustro, el sistema de tribunales aún se enfrenta con una serie de dificultades y problemas, añadió.
Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos para garantizar la independencia de los jueces y los tribunales y mejorar la transparencia de la labor de estos, indicó Wang.
Los jueces tienen que mejorar sus habilidades profesionales, ya que algunos de ellos no son capaces de gestionar casos complicados bajo las nuevas circunstancias, agregó.
El máximo juez también culpó a un número de jueces de ejercer un estilo de trabajo inadecuado e incluso de corrupción y negligencia, lo que "ha empañado la imagen de los tribunales populares y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
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