El gobierno chino está proyectando un déficit fiscal de 1,2 billones de yuanes (191.000 billones de dólares) en 2013, 400.000 millones de yuanes más que el déficit presupuestado el año pasado, de acuerdo con el informe sobre el trabajo del gobierno presentado hoy martes por el primer ministro Wen Jiabao ante la legislatura nacional.
La partida consiste en un déficit del gobierno central de 850.000 millones de yuanes y 350.000 millones de yuanes en bonos que serán emitidos en nombre de los gobiernos locales, precisa el informe.
"Hay que aumentar de manera apropiada el déficit y la deuda gubernamental, ya que el efecto retardado de la reducción tributaria estructural dificultará el rápido crecimiento de los ingresos fiscales este año y los gastos fiscales fijos aumentarán", explica el informe.
El nivel de endeudamiento con respecto al PIB de China es relativamente bajo y el incremento del déficit este año situará la proporción del déficit con respecto al PIB en un nivel seguro de alrededor del dos por ciento, indica el documento.
Los gastos incrementados se utilizarán para garantizar y mejorar el bienestar del pueblo y para seguir apoyando el crecimiento económico y los ajustes estructurales, según el documento.
En un momento en el que algunos países están esforzándose por reducir su déficit, el gobierno chino ha decidido aumentarlo, lo que muestra su voluntad de emitir bonos que contribuyan a impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de su desarrollo, señalaron fuentes expertas.
El déficit incrementado garantizará la disponibilidad de fondos para una mayor inversión en la educación, servicios sanitarios y seguridad social, dijo Gao Peiyong, director de la Academia Nacional de Estrategia Económica, subordinada a la Academia de Ciencias Sociales de China.
A largo plazo, el incremento del déficit ayudará a ampliar la demanda interna y mantener el crecimiento económico y dejará más espacio para futuros recortes de impuestos, afirmó Gao.
Según el Ministerio de Hacienda, la sustitución del impuesto sobre el volumen de negocios por un impuesto de valor añadido en el sector de transporte y en algunos sectores de servicios había supuesto una reducción de más de 40.000 millones de yuanes en impuestos para más de un millón de contribuyentes en 12 regiones piloto hasta el pasado 1 de febrero.
Aunque el incremento del déficit supone normalmente un aumento de los riesgos financieros, éstos siguen siendo controlables en China, sostuvo el experto.
Una proporción de déficit respecto al PIB de menos de tres por ciento y una de saldo pendiente de bonos gubernamentales sobre el PIB de menos del 60 por ciento son consideradas seguras y controlables de acuerdo con los estándares internacionales, recalcó Gao.
El límite del saldo pendiente de bonos gubernamentales fijado en el presupuesto central para 2013 es de 9,12 billones de yuanes, lo que representa menos del 20 por ciento del PIB, de acuerdo con un informe sobre los presupuestos central y locales elaborado por el Ministerio de Hacienda y también presentado hoy martes ante la primera sesión de la XII Asamblea Popular Nacional para su deliberación.
A pesar de que actualmente los riesgos financieros de China son controlables, el gobierno necesita seguir siendo prudente con los peligros potenciales, advirtió Gao.
Este año será más difícil mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos para los gobiernos central y locales debido a la dura situación de la economía global. El 2013 también supondrá un año pico para que los gobiernos locales abonen sus deudas, dijo Gao.
El experto apuntó que los gobiernos locales deben tomar medidas para prevenir que los riesgos potenciales se conviertan en los reales, y agregó que deben ser prudentes con la nueva ronda de incremento de las inversiones y controlar estrictamente las nuevas deudas.
Han Deyun, un abogado y miembro de la legislatura nacional, pidió a los gobiernos locales que sean frugales y utilicen completamente las funciones de supervisión de la legislatura, los órganos asesores y los departamentos de auditoría, así como de los ciudadanos, con el objetivo de asegurar que los gastos gubernamentales son abiertos y transparentes.
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