BEIJING, 10 ene (Xinhua) -- Las agencias fiscales de China investigaron a 2.494 funcionarios de distrito o de niveles superiores en los primeros once meses de 2012 por supuestas violaciones cometidas en el ejercicio de sus cargos.
Además, entre enero y noviembre, las fiscalías del país investigaron y gestionaron 33.331 casos de delitos criminales perpetrados por funcionarios durante el cumplimiento de sus responsabilidades oficiales, un 5,4 por ciento más que durante el año anterior.
En estos casos se vieron involucradas 46.024 personas, un aumento del 6,4 por ciento con respecto al año pasado, según un documento difundido hoy jueves durante una conferencia nacional a la que asistieron jefes de las fiscalías locales.
Durante el mismo período, los fiscales aprobaron la detención de 896.259 sospechosos, e iniciaron procesos contra 1.247.709, aunque también desestimaron las solicitudes de detención de 157.898 personas, según la misma fuente.
Las agencias fiscales aplicarán con firmeza la ley en 2013, con el fin de hacer de China un lugar más seguro y garantizar el imperio de la ley en el país, concluía.
Cao Jianming, fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema de China, exhortó a los procuradores a que refuercen las investigaciones en materia de uso del gasto público y ajuste de la estructura industrial, y que mejoren su trabajo para luchar contra los sobornos comerciales y los problemas en el sector de construcción.
Se deben investigar seriamente los crímenes relacionados con la asignación de empleos en los campos de la transformación y mejoramiento industriales, la transferencia de recursos públicos, la administración de activos estatales, la urbanización, la promoción de servicios culturales y la construcción de ferrocarriles, indicó Cao.
Además, los fiscales deben realizar su trabajo con el objetivo de reforzar las políticas y medidas macroeconómicas del país, agregó.
En 2013, las agencias fiscales intensificarán las investigaciones de crímenes y la supervisión jurídica de asuntos relacionados con la agricultura, el campo y el campesinado, a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los campesinos, indica el documento de la conferencia.
Las agencias fiscales también supervisarán aquellos casos en que se produzcan quejas públicas por la transferencia de derechos de tierras rurales, la expropiación de tierras y la demolición de viviendas, dice el documento.
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