El gobierno cubano autorizó hoy nuevas formas de pago para el sector privado y amplió el acceso de los particulares a los créditos bancarios, como parte del proceso de"actualización" económica y social del modelo socialista de la nación caribeña.
Las nuevas disposiciones fueron publicadas este jueves en una edición extraordinaria de la "Gaceta Oficial".
En una de esas normativas, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) autorizó el pago en moneda libremente convertible (CUC) de empresas y otras "personas jurídicas" a naturales en determinados actividades del sector "por cuenta propia", como se conoce la gestión privada en la isla.
Un CUC, moneda fuerte creada en 1994 y equiparable al dólar al cambio oficial, es equivalente a 24 pesos cubanos, moneda con la cual la mayor parte de la población cobra sus salarios y paga productos y servicios básicos.
Según las resoluciones, el listado de labores por las que los"cuentapropistas" podrán cobrar en CUC incluye servicios de alimentación, reparaciones menores y plomería, entre otros.
Estos pagos se realizarán mediante cheques, tarjetas, pagarés, letras de cambio, cartas de crédito local y otros, excluyendo el efectivo, y deberán estar aprobados en los presupuestos y planes para el año fiscal de las entidades estatales.
En 2010, el gobierno del presidente Raúl Castro aprobó 178 categorías de autoempleo, que luego amplió a 181, con el propósito de buscar "nuevas formas de trabajo" tras la decisión de disminuir los puestos de labor estatales como parte de los cambios para dinamizar la economía local.
La cantidad de personas que ejercen el trabajo privado en Cuba continúa en aumento y ya alcanza la cifra de más de 395.000.
Otra novedosa medida amplía la gama de garantías para obtener créditos bancarios, así como las posibilidades de asegurar el pago.
La nueva legislación establece bienes que pueden servir de garantías para las instituciones financieras, como joyas, alhajas o cualquier otro bien de metal o piedras preciosas.
También se aceptarán, como hipotecas voluntarias, objetos de valor cultural (bienes patrimoniales), vehículos de motor (los asegurados por las empresas de Seguros), bienes agropecuarios (ganado mayor, tractores y cosechadoras), viviendas destinadas al descanso o veraneo y solares yermos.
La certificación del valor del bien, expresado en dinero, tomará en cuenta los precios del mercado nacional, y de incumplirse el pago del crédito, el banco procederá a su expropiación y venta, incluso en subasta, a través de las entidades encargadas de la comercialización de dichos bienes.
Hasta ahora, las personas naturales solo podían acceder a financiamientos para la compra de materiales de la construcción, pago de mano de obra para acciones constructivas y desarrollo de actividades privadas, según el Decreto-Ley 289 puesto en vigor en diciembre de 2011.
Bajo ese dictamen, los interesados tenían que demostrar al banco la fuente de ingresos futuros que se utilizarían para pagar el crédito, así como las garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
De enero a noviembre de 2012, el Banco Central de Cuba había concedido 133.291 créditos a la población, según cifras oficiales.
Las normas crediticias en Cuba están dirigidas a "apoyar el desarrollo de las producciones agrícolas, el trabajo por cuenta propia y otros modelos de gestión", así como el "esfuerzo propio" para construir o reparar viviendas.
Una tercera medida anunciada este jueves dispone que una empresa estatal puede erigirse como garante del trabajador privado que tenga arrendado un inmueble, local o un bien de dicha entidad, la cual podrá ser fiadora, respondiendo con sus recursos financieros.
Funcionarios gubernamentales aseguran que la ampliación de las posibilidades para acceder a créditos bancarios contribuye a dar"integralidad" al programa de "actualización" de la economía cubana.
Atemperar cada medida a la realidad de Cuba resulta "imprescindible" para que, con la máxima de "sin prisa pero sin pausa", se vayan eliminando de forma progresiva los "obstáculos", expresó Juana Delgado, jefa del Grupo de Políticas Macroeconómicas de la comisión oficial que supervisa las medidas.
Con el otorgamiento de nuevos créditos a la población, las autoridades buscan estimular el trabajo particular en las producciones y los servicios, así como la competitividad y la eficiencia.
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