(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – Once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos vieron este lunes abrirse la puerta de su posible legalización, después que un grupo de ocho senadores demócratas y republicanos presentara una propuesta para reformar la política migratoria del país, una verdadera revolución del sistema actual con importantes consecuencias demográficas, económicas y políticas.
La influencia de los cuatro legisladores demócratas y los cuatro republicanos que prepararon la iniciativa, más el respaldo del presidente estadounidense, Barack Obama, hace pensar que, tras muchos años de desencuentros en relación con el tema entre los dos principales partidos del país, esta vez las posibilidades de éxito sean mucho mayores.
Si este pacto prospera, estaremos ante la más ambiciosa remodelación del modelo migratorio norteamericano en varias décadas, un paso que permitirá surgir de las sombras a millones de familias que viven en la semiclandestinidad y crear un nuevo mecanismo de control fronterizo y de visados para evitar otra acumulación masiva de indocumentados en pocos años más, declaró el senador Chuck Schumer, uno de los autores de la iniciativa.
Para sacarla adelante es necesario superar una serie de difíciles trámites parlamentarios y, sobre todo, de arriesgadas decisiones políticas que pueden llevar todavía varios meses, pero “por primera vez, hay más riesgos políticos en oponerse a la reforma migratoria que en apoyarla”, advirtió Schumer y pronosticó que la ley podría votarse en la primavera o verano próximos.
Entre otros puntos, el proyecto recomienda que aquellos que residan ilegalmente en EE. UU. y quieran recibir papeles tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar un multa, ponerse al día de los impuestos impagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político de este país.
Una vez cumplidos esos trámites, agregan los senadores, los aspirantes serán puestos en la cola de las solicitudes legales de visado, con el objeto de no dar ventaja a los ilegales sobre aquellos que siguen el camino marcado por la ley. Durante el tiempo que dure esa tramitación, podrán permanecer en el país, pero no tendrán acceso aún al paro, la seguridad social y los demás beneficios sociales que existen para los norteamericanos, precisó El País.
Se aplicarán tres velocidades distintas, una más rápida para los jóvenes que fueron traídos sin papeles por sus padres y que han crecido y estudiado en el país, una intermedia para los trabajadores del campo, esencialmente en la producción de alimentos, y una tercera más lenta para el resto de los inmigrantes.
La legalización está sometida, además, a otras condiciones generales del sistema migratorio. Se reforzará la policía de las fronteras, se les facilitará nuevo equipo y tecnología para cumplir más eficazmente con su función. En la medida en que se vaya certificando que esas medidas de seguridad avanzan, se irán firmando los permisos de residencia a los indocumentados.
En general, agrega el diario español, lo que se pretende es una completa modernización del sistema y una especie de borrón y cuenta nueva que clarifique la situación real y envíe, de alguna forma, un mensaje a los futuros inmigrantes de que no se admitirá más ilegalidad. En 2011, sin contar con los que consiguieron su objetivo, la policía detuvo a 327.000 personas tratando de entrar al país ilegalmente. “El actual status quo es insostenible”, dijo McCain.
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