LA PAZ, 22 mar (Xinhua) -- En varias regiones de Bolivia se evidenció que aún la discriminación y racismo se mantienen latentes principalmente contra indígenas, no obstante a existir normativas importantes aprobadas por el órgano Legislativo, lamentó hoy el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
Puso como ejemplo un caso reciente sucedido en la ciudad de Chimoré, en el departamento de Cochabamba al centro de Bolivia, donde organizaciones cívicas exigieron a indígenas yukis retornar a sus tierras para no dar mal aspecto.
"Acciones tan condenables, colonialistas y discriminatorias como las declaraciones de algunas personas en Chimoré que han pedido que los miembros del pueblo indígena de los yukis retornen a sus tierras porque dan mal aspecto a la ciudad, son muestras de que el problema está latente en todos los ámbitos de la sociedad pese a los esfuerzos que hace el Estado", indicó el defensor.
Villena se refirió a la pretensión de las Juntas Vecinales y el Comité Cívico de Chimoré de pedir la salida más de 20 familias yukis de esa ciudad. El caso fue seguido por las Representaciones de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y del Chapare y refutada por las autoridades ediles.
No obstante, Villena cuestionó el sólo hecho que se plantee expulsarlos de la Casa Comunal que habitan en Chimoré bajo argumentos que no tienen en cuenta su condición de alta vulnerabilidad y cuando factores externos como la invasión de su territorio, los obligaron a salir y establecerse en esa región.
Asimismo expresó su preocupación por la discriminación persistente en contra de las personas adultas mayores, que son víctimas de abandono y maltrato; o contra las personas con opciones sexuales diferentes, quienes en su primer informe anual, denunciaron la vulneración del derecho a la igualdad, a la no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la seguridad personal, a la educación, al disfrute del más alto nivel de salud y a formar una familia.
También cuestionó la discriminación cuando aún no se cumple la normativa que obliga a que del total del personal de instituciones estatales y empresas privadas, un 4 por ciento sean personas con discapacidad.
Recordó que la Defensoría del Pueblo ha coadyuvado en la construcción de la Ley y su Reglamento Contra el Racismo y la Discriminación y de la Política de Acción Nacional sobre el Racismo y la Discriminación en Bolivia 2011-2015.
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