Por Javier Valdivia
SANTO DOMINGO, 30 dic (Xinhua) -- Un año plagado de incidentes sacó a flote viejas rencillas, y puso en evidencia la fragilidad de las relaciones entre Haití y República Dominicana, sobre todo por diferendos de tipo comercial y por una sentencia que estableció las condiciones para acceder a la nacionalidad en este último país donde viven miles de inmigrantes haitianos, la mayoría en condición irregular.
La situación llegó al punto de que República Dominicana llamó a consulta a su embajador en Puerto Príncipe, en medio de un diálogo iniciado con la mediación de Venezuela, mientras Haití retiró a su representante en Santo Domingo y logró que el dictamen sea motivo de condena por parte de la Comunidad del Caribe (Caricom), que agrupa a 15 países de la región.
La sentencia en cuestión, dictada en septiembre por el Tribunal Constitucional dominicano, determinó que los hijos de padres haitianos indocumentados nacidos en República Dominicana no tienen derecho a la nacionalidad de este país, por la situación irregular de sus progenitores.
La sentencia también dispuso determinar la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
La última vez que haitianos y dominicanos interrumpieron oficialmente sus relaciones fue en 1963, cuando casi se produjo un conflicto armado entre las dos naciones que comparten la isla Hispaniola, en el centro del Caribe.
Los problemas comenzaron temprano este año, cuando las autoridades dominicanas reforzaron a principios de enero la seguridad en su frontera norte con Haití, debido a la supuesta intención de cientos de ciudadanos haitianos de cruzar ilegalmente a República Dominicana.
El director de la organización no gubernamental Solidaridad Fronteriza (SF), el sacerdote jesuita Regino Martínez, denunció que el problema se produjo por la alteración de una lista de trabajadores haitianos que regresaban de su país tras las fiestas de fin de año.
Pero la Dirección General de Migración dijo que Martínez pidió a ese organismo permisos para 2.030 haitianos, "de los cuales se presentaron unos pocos y la gran mayoría no aparecía en la lista de autorizados para cruzar".
El conflicto se zanjó cuando autoridades haitianas y dominicanas acordaron permitir la entrada a territorio dominicano de 1.080 trabajadores.
Migración se comprometió a renovar las visas vencidas de 280 haitianos y Haití prometió entregar actas de nacimiento y cédulas de identidad a los 800 restantes del grupo.
Cada año, miles de personas cruzan ilegalmente de Haití, en la parte occidental de la isla, a la vecina República Dominicana, ubicada en la parte oriental, en busca del trabajo que no consiguen en su propio país.
El año pasado y tras más de un cuarto de siglo suspendida, las autoridades dominicanas retomaron la regulación de trabajadores haitianos y aceptaron al primer contingente de esos inmigrantes contratados por una empresa privada instalada en territorio dominicano.
Un estudio realizado por el Centro de Formación y Acción Social y Agraria, y dado a conocer en marzo, determinó que en la agricultura, la construcción y "otros sectores laborales", más del 70 por ciento de la mano de obra en República Dominicana es haitiana.
Además, el gobierno dominicano inició en enero un programa para regular la mano de obra extranjera temporera con la entrega a 220 trabajadores haitianos de un carnet de identidad que les permite disfrutar de todos los derechos, entre ellos el acceso a la seguridad social.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana anunciaba en Santo Domingo la visita del presidente dominicano Danilo Medina a Haití, en respuesta a una invitación hecha por su colega haitiano Michel Martelly, pero el encuentro se produjo en abril, en el marco de una cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
Ese mismo mes, el 12 de abril, alrededor de medio centenar de dominicanos de ascendencia haitiana recorrieron 72 kilómetros durante dos días para reclamar su derecho a la nacionalidad en República Dominicana, en una marcha que culminó en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.
La comunidad dominico-haitiana exigió a lo largo del año la "restitución" de sus derechos civiles, empezando por la eliminación de la resolución 12-07, una controversial medida que dispuso suspender provisionalmente la expedición de actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición, y que sólo sean emitidas para fines estrictamente judiciales.
Durante el 2013 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también mantuvo su programa de retorno voluntario de haitianos que residen en República Dominicana, y que se inició en 2010 con el respaldo de Estados Unidos.
Hasta la fecha, casi 4.500 personas han retornado a Haití, adonde, además, el ejército dominicano deportó a cerca de 50.000 indocumentados haitianos entre agosto de 2012 y septiembre de este año.
Pese a sus diferencias, Haití y República Dominicana suscribieron un acuerdo que permitirá interconectar en el futuro los sistemas energéticos de ambos países, para garantizar el servicio en la isla y crear un mercado en el negocio de generación y distribución de energía para cerca de 20 millones de habitantes.
Además, el presidente Martelly designó a su asesor político Daniel Supplice nuevo embajador en República Dominicana, en reemplazo del diplomático haitiano Fritz N. Cinéas, quien ocupó el cargo durante los últimos siete años.
El 5 de junio Martelly y Medina se volvieron a reunir, esta vez en la frontera norte de ambos países, para inaugurar un proyecto de reforestación binacional y ratificar su compromiso con la protección del medio ambiente.
Pero al día siguiente el gobierno haitiano anunció sorpresivamente que prohibía la importación de aves vivas, carne de aves y huevos de su vecina República Dominicana, "para impedir el ingreso del virus de la gripe aviar", aunque este país no ha reportado ningún brote de esa enfermedad desde hace seis años.
El gobierno haitiano reconoció luego que el virus de la gripe que afecta a República Dominicana es del tipo A (H1N1) y no de la influenza aviar (H5N1), pero no levantó la prohibición.
Casi un mes después, en un nuevo encuentro entre Medina y Martelly en Nicaragua, este último dijo que Haití pierde casi 300 millones de dólares por la evasión de impuestos en la importación de productos avícolas procedentes de República Dominicana, razón por la cual decidió prohibir su consumo y comercialización en territorio haitiano.
República Dominicana vendía hasta entonces a Haití un promedio de 10,9 millones de dólares al mes en productos avícolas.
También en junio, el primer ministro haitiano Laurent Lamothe, en un viaje a la frontera, señaló que recomendaría la eliminación de los mercados binacionales que se realizan en ese lugar, entre una serie de medidas encaminadas también a poner fin al contrabando y a aumentar los ingresos aduanales haitianos.
Dos meses más tarde, el 1 de agosto, Haití puso en vigencia un decreto promulgado el año pasado que prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de bolsas de polietileno y envases de poliestireno expandido, la mayoría usados para almacenar alimentos y bebidas.
Las autoridades haitianas dijeron que la norma, que afectó a productores dominicanos, fue decretada para mejorar las condiciones del medio ambiente y el ornato de la capital.
Haití y República Dominicana confrontan problemas con cierta regularidad debido a rencillas históricas y a la presencia de haitianos que residen en territorio dominicano de manera ilegal.
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