El presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara, criticó el lunes a la Comunidad del Caribe (Caricom) por presionar a su país para que desconozca un fallo que establece las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana, y que el organismo regional considera violatorio de los derechos humanos.
Al referirse por primera vez a los cuestionamientos sobre la sentencia, el presidente del alto tribunal, Ray dijo que el Caricom, que conforman quince naciones del Caribe, pretende que las autoridades dominicanas pasen por alto un mandato constitucional que es inobjetable.
"Antes las organizaciones internacionales instaban a los gobiernos a que respetasen el ordenamiento constitucional, a que respetaran la Constitución y, ahora, lo que esa entidad está haciendo, o sea, el Caricom, es pidiéndole al gobierno dominicano que viole la Constitución, que viole el artículo 184 de la Constitución Dominicana", dijo Ray.
El presidente del Tribunal Constitucional dominicano se refirió a una sentencia de ese organismo que en septiembre pasado determinó que una mujer de ascendencia haitiana no puede ser dominicana porque nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.
Haití rechazó el fallo por temor a que éste pueda perjudicar a la colonia dominicana de ascendencia haitiana y a sus inmigrantes radicados en su vecino país, e inició una ofensiva diplomática con la que consiguió el apoyo del Caricom que suspendió las negociaciones para admitir a los dominicanos en ese organismo.
Debido a la decisión del Caricom, el gobierno dominicano señaló a fines de noviembre que no acudiría a un encuentro en Venezuela con Haití, y llamó a consulta a su embajador en Puerto Príncipe, alegando que las autoridades haitianas "prefirieron tomar otro camino" que puso fin al diálogo que ambos iniciaron sobre el cuestionado dictamen.
Pero el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la semana pasada la reanudación del diálogo entre Haití y República Dominicana, cuyos presidentes se reunieron en Caracas durante la 2ª Cumbre Extraordinaria de la Alternativa Bolivariana para nuestra América Latina-Tratado para el Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y Petrocaribe.
Más temprano, el principal partido nacionalista de República Dominicana, aliado al gobierno del presidente Danilo Medina, cuestionó la participación del Caricom en el diálogo que el país retomará con Haití en torno a varios puntos de "interés común", y con la mediación de Venezuela.
La Fuerza Nacional Progresista (FNP) dijo en un comunicado que el gobierno dominicano nunca debió aceptar que el Caricom fuera parte del proceso de acercamiento entre República Dominicana y Haití, porque fue ese organismo "el responsable en gran medida, de que se frustrara el anterior esfuerzo de mediación auspiciado por el gobierno venezolano".
"Las agresivas e injustificadas acciones diplomáticas de Haití lograron convertir al Caricom en un foro de enjuiciamientos y censura de República Dominicana, desde el cual se le amenazó incluso con solicitar sanciones en su contra", señaló la FNP.
La FNP dijo en un documento titulado "En la hora difícil de la Nación", que la Comunidad del Caribe, "con ligereza inaceptable, descalificó un ejercicio legítimo de soberanía del Estado dominicano, como lo es la sentencia del Tribunal Constitucional" dominicano.
República Dominicana ha dado garantías a su vecino Haití y la comunidad internacional de que la sentencia se aplicará con estricto apego a los derechos de las personas que se sientan afectadas y sobre la base de una genuina preocupación humanitaria.
Pero Puerto Príncipe rechaza el fallo por temor a que éste perjudique a la colonia dominicana de ascendencia haitiana y a sus inmigrantes radicados en el país con el que comparte la isla Hispaniola.
El Caricom, que agrupa a quince naciones caribeñas, volvió a pedir la semana pasada al gobierno dominicano, que deje sin efecto el cuestionado fallo, "porque ha dejado a muchas personas en situación delicada y que vulnera los derechos humanos que el gobierno de Santo Domingo está obligado a respetar".
En una carta remitida al presidente Medina, la primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta de turno del Caricom, Kamla Persad Bissessar, le pidió al gobernante que "tome las medidas para devolver inmediatamente la nacionalidad dominicana a aquellos a los que se la retiró".
Hoy, sin embargo, el ex presidente dominicano Leonel Fernández, en cuyo último mandato se aprobó un discutido reglamento de migración, calificó como un "exceso" la petición hecha por Persad Bissessar, y consideró que la sentencia en cuestión "tiene la característica de la cosa irrevocablemente juzgada".
"Esa decisión no está sujeta a la voluntad de nadie; no es que yo diga me gusta o no me gusta y por tanto no la aplico", afirmó Fernández.
La presencia masiva de indocumentados haitianos es causa frecuente de fricciones entre ambos países.
Según una encuesta difundida en mayo, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244.000 son dominicanos de ascendencia haitiana.
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