Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa comenzó las investigaciones de la entrega de cerca a 100 empresas estatales, en el periodo de la privatización y capitalización entre 1989-2005 en Bolivia, que estuvo bajo la administración de gobiernos denominados neoliberales.
El presidente de esta Comisión, el senador oficialista Adolfo Mendoza, informó que el trabajo de esa instancia fiscalizadora ya arrancó días atrás en su primera etapa con la conformación de equipos de profesionales capacitados y de levantamiento de información.
"Se trata de una comisión legislativa que deberá contar con un soporte profesional del más alto nivel para hacer una investigación multidisciplinaria, ya que abarca varios campos, pero la decisión es transparentar esas entregas de la cosa estatal a manos privadas", afirmó.
La Asamblea Legislativa Plurinacional conformó el 19 de junio la Comisión Especial Investigadora sobre el proceso de privatización en Bolivia. En la sesión plenaria del 5 de julio se dio a conocer que esta Comisión, que se encargará de investigar el período neoliberal, estará conformada por nueve legisladores, seis del oficialismo y tres de la oposición.
Aún los opositores no designaron sus representantes. El período de gobiernos neoliberales abarca dos décadas: desde 1985 hasta 2005, tiempo en el cual gobernaron Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2000), Jorge Quiroga Ramírez (2001), Gonzalo Sánchez de Lozada(2001-2003), Carlos D. Mesa (2003-2004) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005).
El 24 de abril de 1992, el entonces presidente, Jaime Paz Zamora, promulgó la Ley 1330 de Privatizaciones, con la que se inició la etapa de entrega de las empresas del Estado a manos de empresarios privados.
Hasta el año 2000, unas 93 empresas fueron privatizadas. De acuerdo con el informe "La privatización en Bolivia", el impacto sobre el desempeño de la economía, publicado por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (Udape) en 2002, las empresas estatales fueron privatizadas en tres etapas, una por cada uno de los tres gobiernos de corte neoliberal.
La primera ola fue con el gobierno de Jaime Paz Zamora, etapa en la cual se entregaron 34 empresas estatales a manos privadas. La segunda se llevó adelante entre 1995 y 1997 con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se privatizaron 36 empresas y se capitalizaron 10 unidades estratégicas.
La tercera oleada de privatizaciones se efectuó durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, con el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación Erick Reyes Villa. Se entregaron 14 empresas estatales a la administración privada.
DESCALABRO
El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, afirmó anteriormente que la privatización llevó al "descalabro nacional" y que sus resultados fueron la corrupción y pobreza.
De acuerdo con el análisis de García, hubo gente que entregó ese bien común, empresas públicas, a manos extranjeras, a privadas, lo que es de todos lo entregó a unos; esos fueron negociados terribles que llevaron a Bolivia al descalabro total, a la pobreza y a la subordinación.
A su vez el diputado oficialista Jaime Medrano manifestó que otro modelo muy cuestionado considerado "neoliberal" es la capitalización que consistió básicamente en la creación de sociedades de economía mixta que está constituida por aportes estatales y capitales privados.
"Esa nueva política económica consistió básicamente en Bolivia en entregar a precios ínfimos de entrega de empresas estatales y recursos naturales a manos privadas, en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada", recordó.
Además dijo que el proceso de privatización en Bolivia, envuelto en un ropaje de demagogia y falsas promesas, estuvo marcado por la falta de transparencia y los defectos de aplicación.
INVESTIGACION JURIDICA Y FINANCIERA
La Comisión trabajará principalmente en lo jurídico y financiero. El senador Adolfo Mendoza explicó que la parte jurídica es para saber los términos si los contratos fueron legales o ilegales, además de lo financiero que determinará si el precio por cada empresa fue el válido o se entregó a precios ínfimos.
Además dijo que estará la parte social, porque se refiere a la manera en que todo esto afectó a la política pública de nuestro Estado. Dijo que la primera etapa está fijada por la conformación de los grupos de trabajo y el levantamiento de información que debe ser analizada.
Manifestó que será un tiempo considerable, y prefirió no dar detalles de los cronogramas para no tropezar con la presión mediática de los resultados. Ratificó que el objetivo de la investigación es para determinar casos de corrupción e irregularidades de la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales y nacionales entre 1989 y 2005.
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