República Dominicana presentó hoy como un logro ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en México, la decisión del Congreso de ignorar un proyecto de ley que introducía penas de hasta tres años de prisión para castigar el delito de palabra que se cometiera contra la honra y reputación del presidente de la República y de otros altos funcionarios del Estado.
El dominicano Miguel Franjul, vicepresidente regional para República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, dijo ante la organización que luego de una lucha en el plano legal, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil lograron persuadir a la Cámara de Diputados a que desista de aprobar esa legislación, señala un comunicado.
Franjul explicó que la Comisión de Justicia de la cámara baja, que estudia un proyecto para modificar el actual Código Penal dominicano, anunció a principios de marzo que desistía de incluir la cláusula que autorizaría el encarcelamiento de periodistas imputados por el delito de difamación e injuria, pero dijo que mantendría el pago de una multa como penalidad.
"La SIP había advertido que las cláusulas, ahora anuladas, representaban un retroceso para la libertad de expresión", dijo Franjul, director del periódico dominicano Listín Diario, en la asamblea de medio año de la entidad, que se realiza en la ciudad mexicana de Puebla del 8 al 12 de marzo.
El representante dominicano relató que a finales de febrero, una comisión formada por directores de tres medios escritos y de la Fundación dominicana Prensa y Derecho, elevaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar contrarios a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, seis artículos del Código Penal y once de la Ley 6.132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, votada en 1962.
Franjul señaló que el objetivo era que se deroguen disposiciones que contienen sanciones penales de privación de libertad y multas sobre los "delitos de prensa", argumentando que la doctrina y la jurisprudencia internacionales demuestran que un sistema de responsabilidad basado en la réplica o la rectificación, en multas y en la reparación civil, son suficientes para proteger el honor de quienes invoquen daños morales.
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