Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 1 feb (Xinhua) -- Ante la demanda de los inversionistas nacionales y extranjeros, el gobierno de Bolivia planteó un proyecto de Ley de Inversiones, cuyo fundamento básico es ofrecer seguridad jurídica al inversor y al Estado.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó hoy a Xinhua que Bolivia necesita una norma que regule las inversiones y, al mismo tiempo, dé un tratamiento especial e incentivos específicos en áreas como la industrialización de recursos naturales, transferencia de tecnología y el desarrollo de las regiones.
"Este proyecto de ley permite dar seguridad jurídica a las inversiones que se van a realizar en el país. Además, permite otorgar esa seguridad al Estado, que es el interesado en atraer la inversión, pero tengan por seguro que estamos trabajando para garantizar las inversiones", enfatizó.
El presidente Evo Morales entregó el miércoles pasado a los representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), máxima entidad matriz de los privados bolivianos, el proyecto de la Ley de Inversiones, para que evalúen su contenido y propongan aportes y observaciones.
En una reciente declaración, Morales ratificó la decisión de su gobierno de respetar las inversiones, sin embargo dijo que está dispuesto a expropiar empresas donde los privados incumplan las inversiones pactadas.
INCENTIVOS
El proyecto de Ley de Inversiones propone incentivos a las empresas que cumplan con sus objetivos y establece seguridad jurídica tanto para el sector privado como para el estatal.
"Necesitamos una Ley de Inversiones que coadyuve con el crecimiento y desarrollo del país; tenemos la intención de dar un tratamiento especial, incentivos en áreas como la industrialización de recursos naturales, transferencia de tecnología y desarrollo de regiones", informó Caro durante su rendición pública de cuentas.
La ministra dijo que se puede tener una gestión por resultados.
"En la medida en que se cumplan esas metas, nosotros podremos continuar con este trato especial; no queremos experiencias como la de (la empresa india) Jindal, en las cuáles no se materializaron los compromisos de inversión".
Sobre los incentivos, la funcionaria explicó que el gobierno analizará en detalle cada proyecto, al tomar en cuenta que no se pueden dar las mismas motivaciones a emprendimientos de hidrocarburos, minería, electricidad y otras actividades económicas.
Señaló que se darán iguales oportunidades, tanto a las empresas nacionales como internacionales.
El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones establece incentivos específicos para las inversiones preferentes, es decir para aquellas que se destinen a la industrialización de recursos naturales y de cambio de la matriz energética.
Para beneficiarse con los incentivos, las inversiones que ya fueron realizadas al amparo de la Ley 1182, bajo la modalidad de riesgo compartido u otras, deberán migrar a las modalidades de la nueva norma.
El artículo 4 precisa que los incentivos son los beneficios o ventajas fiscales o financieras temporales otorgadas por el Estado, así como las políticas de promoción que incentiven la inversión en el país.
El párrafo III del artículo 22 señala que las medidas destinadas a incentivar o a beneficiar la inversión tendrán una vigencia de uno a 20 años.
El artículo 23 sostiene que se considera inversión preferente a emprendimientos vinculados al desarrollo de una o varias etapas del complejo productivo o de servicios avanzados en las áreas de hidrocarburos, minería, energía, infraestructura y otras establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que generan valor agregado y se complementen con la inversión estatal.
PAPEL DEL ESTADO
Con la futura ley denominada también de Promoción de Inversiones, el gobierno ejercerá mayor control a las inversiones que ingresen al país.
La medida legal dispone que la inversión extranjera que ingrese a Bolivia tendrá que registrarse en el estatal Banco Central de Bolivia (BCB), "en formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas".
El ente emisor otorgará un certificado de ingreso de aportes para invertir en el Estado.
Para ello, establecerá un reglamento. Esta medida es "un registro" por el cual el Estado "será un fiscalizador riguroso de las inversiones extranjeras".
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