La crisis educativa universitaria en Chile escaló con un escándalo de corrupción que involucraría al ex jefe del sistema de acreditación de las universidades, administradores de casas de estudio privadas y aún el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en lo que la oposición juzgó como un caso "doblemente grave".
"Este caso es doblemente grave porque aparece una autoridad en medio de la crisis que está viviendo la educación universitaria, involucrado", dijo hoy el senador Jorge Pizarro a nombre de la coalición de centro izquierda.
El proceso judicial abierto a Luis Eugenio Díaz, ex administrador del sistema de acreditación de las universidades, por pagos en efectivo irregulares de propietarios de planteles, escaló políticamente luego que el titular de Justicia apareciera ofreciendo contratos de servicios al funcionario.
En medio de una discusión sobre la acreditación de una casa de estudios aparece el secretario Ribera, co-propietario de la Universidad Autónoma y el Instituto Incacea, ambas casas de estudios superiores de propiedad privada.
"Es fundamental que (Palacio de Gobierno) La Moneda entregue una muy buena explicación, porque una autoridad de gobierno no puede aparecer contratando o sugiriendo la contratación de un señor que está involucrado en actos de corrupción", dijo el legislador Pizarro. Añadió que "lo natural y lógico, es que dé un paso al costado".
Las denuncias contra Díaz y el titular de Justicia han provocado un amplio rechazo entre los estudiantes chilenos que en 2011 denunciaron el sistema universitario por privilegiar la obtención de utilidades por sobre la calidad y acceso al sistema educativo.
De acuerdo con las indagaciones judiciales, el ex titular de acreditaciones recibía sumas de dinero de administradores de universidades, en momentos en que se discutía la acreditación.
Las instituciones posteriormente lograban ser acreditadas, lo que permite su validación en el sistema de universidades.
"Lamentablemente, cada vez que se pide la renuncia de una autoridad, el presidente (Sebastián Piñera) lo afirma (apoya), por lo mismo, lo que el país requiere es una explicación clara y absoluta del conflicto de interés del ministro Ribera", señaló el legislador.
A su vez, las federaciones de estudiantes de las universidades de Chile y Católica realizaron sendas presentaciones ante la Contraloría para indagar la legalidad de la actuación del ministro de Justicia.
Los estudiantes sostienen que el sistema universitario chileno público sufre continuamente déficit presupuestal, que finalmente debe traspasar a los propios estudiantes, mientras el sistema privado en expansión se sostiene con base en el endeudamiento crediticio de sus estudiantes y de subsidios estatales.
La raíz de la crisis del sistema educacional, sostiene el movimiento estudiantil, es la posibilidad de obtener utilidades por parte de las universidades, un hecho que si bien está expresamente prohibido por la ley, es sorteado por los planteles bajo diversas formas jurídicas.
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