El gobierno argentino realizó hoy una nueva presentación judicial para obtener la anulación de una medida cautelar que protege temporalmente al Grupo Clarín de cumplir con una ley antimonopolios que lo obliga a desprenderse de algunos activos.
La presentación fue realizada el martes ante la Cámara Civil y Comercial Federal, el mismo tribunal que, el jueves pasado, que admitió la petición de Clarín para que -antes de comenzar un eventual proceso de desinversión como indica la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual- la Justicia resuelva si dos artículos de esa norma son o no constitucionales.
"Esperamos dar un paso más adelante, esta ley se va a cumplir finalmente. El tiempo es sólo tardanza de lo que está por venir. La ley finalmente se va a aplicar y el Estado va a seguir utilizando todos los mecanismos procesales que dispone para que la ley del Congreso se cumpla", dijo el ministro de Justicia, Julio Alak, a radiodifusoras locales.
La nueva presentación del gobierno argentino tuvo lugar un día después de que la Corte Suprema de Argentina rechazara un recurso "per saltum" presentado por el Ejecutivo para anular la medida cautelar que protege a Clarín.
El alto tribunal estableció que ese remedio "no fue interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador (el Congreso) para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia".
En la presentación realizada por el gobierno argentino a través de la Jefatura de Gabinete, se había pedido a la Corte que "suspenda de manera inmediata" y luego "declare nulo" el fallo de la Cámara, a la que ahora se realizó una petición similar.
"Creemos que la Cámara debería expedirse con mucha celeridad", planteó Alak.
El Grupo Clarín es el principal afectado por la ley al controlar el 41 por ciento del mercado de radio, 38 por ciento de la TV abierta, 59 por ciento de la TV por cable, 25 licencias (radios AM y FM y de TV abierta), 237 de TV por cable (el máximo permitido es 24, una por ciudad) y nueve señales de televisión de paga (se autoriza sólo 1).
El tribunal de alzada que falló el jueves estableció que la medida cautelar, que en los hechos impide al gobierno de Cristina Fernández imponer la obligación a Clarín de deshacerse de activos, tendrá vigencia hasta "que haya sentencia definitiva" sobre la cuestión de fondo con respecto de los artículos 45 y 161 de la norma.
Ese fallo deberá ser dictado posteriormente por el juez de primera instancia Horacio Alfonso.
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