Un mínimo de 36 puertos brasileños, entre ellos el de Santos, mayor de toda América Latina, estuvieron hoy sin operar durante seis horas debido a un paro en protesta contra la reforma portuaria propuesta por el gobierno, que prevé la privatización de terminales, informaron hoy fuentes sindicales.
Los trabajadores afiliados a la Federación Nacional de los Portuarios no acudieron de las 7:00 a las 13:00 hora local (10:00 a 16:00 GMT) a sus puestos, como parte de una estrategia para obligar al gobierno a alterar la reforma propuesta.
Varios de los principales puertos de Brasil se vieron afectados por el paro, según el balance hecho por el diputado Paulo Pereira da Silva, presidente de la central Fuerza Sindical y dirigente del Partido Democrático Laborista (PDT).
Además del puerto del Santos, también fueron paralizados los de Vitoria, Paranaguá, Río Grande, Belén, Salvador, Suape y Natal, entre algunos de los mayores del país.
A pesar de que los miembros de la Federación tenían previsto otras demostraciones de fuerza, comenzando por un segundo paro en la tarde, las acciones fueron suspendidas provisionalmente tras un acuerdo con el gobierno.
Así, los sindicatos que negociaron con la administración de Dilma Rousseff se comprometieron a no hacer otro paro de labores al menos hasta el 15 de marzo, período en el que intentarán negociar con el gobierno alteraciones al Decreto Ejecutivo 595, que establece un nuevo marco regulador para el sector portuario.
La nueva regulación prevé, además de una modernización en la legislación, la reducción de los costos, el aumento de la competitividad y la concesión a empresas privadas de algunas de las 158 terminales.
Los trabajadores del sector alegan que la flexibilización de las normas portuarias amenaza la estabilidad de los empleados y varios de sus derechos laborales.
Según explicó Pereira da Silva a la prensa, "el paro fue un éxito. Nuestra dificultad era tener un diálogo con el gobierno para manifestar nuestras posiciones con respecto a la reforma y hoy abrimos un canal".
El gobierno, representado en las negociaciones de este viernes por el jefe de la Secretaría Especial de Puertos, Leonidas Cristino, se comprometió a suspender al menos hasta el 15 de marzo el anuncio de licitaciones para concesiones en los puertos.
Los sindicalistas consiguieron paralizar gran parte de los puertos pese a que la vicepresidenta del Tribunal Superior de Trabajo (TST), magistrada María Cristina Peduzzi, aceptó una petición del gobierno para declarar la huelga ilegal porque supuestamente sólo tenía motivos políticos e ideológicos.
Los dirigentes de la Federación Nacional de Portuarios alegaron no haber sido notificados de la decisión judicial.
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