Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 25 nov (Xinhua) -- Las mujeres en Bolivia consolidaron en la última década mayor presencia en espacios de poder, gracias a medidas legales producto de luchas reivindicativas, pero aún son objeto de acoso, violencia y discriminación política, según autoridades.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, expresó a Xinhua en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que el acoso y la violencia política son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en la función pública en Bolivia.
Esta violencia amenaza con expulsarlas de los espacios de decisión que han conquistado tras una larga lucha, reconoció la presidenta.
Alertó que estas prácticas en el ámbito político constituyen formas de violencia que menoscaban sus derechos políticos como autoridades electas, para impedir el ejercicio de sus cargos y evitar que participen en las decisiones.
Choque destacó que Bolivia fue el primer país en la región con una ley electoral innovadora que establece la paridad de género, al considerar el 50 por ciento de espacios electivos para ellas.
En el país, la mitad de las concejalías la ocupan mujeres, aunque no sucede lo mismo con los gobiernos municipales, pues sólo 28 de 339 municipios son liderados por mujeres a nivel nacional, según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).
La situación es distinta en la Asamblea Legislativa Purinacional, compuesta por la Cámara de Senadores y la de Diputados.
En el caso del Senado, integrado por 36 senadores titulares, 19 escaños corresponden a varones y 17 a mujeres, mientras que en la cámara baja 69 son mujeres y 61 hombres.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, dijo a Xinhua que si bien la normativa permitió la inclusión de este sector en cargos electivos, aumentaron también de manera considerable las denuncias de acoso y violencia política.
Novillo señaló que los casos de violencia política resueltos no pasan del 5 por ciento, debido a una inadecuada implementación de la norma y acciones en las que se evidencia poco apoyo de la justicia.
Consideró además que los alcances de la norma son aún desconocidos por la sociedad y las propias autoridades.
A su vez, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Héctor Arce, manifestó a la prensa que si bien se han logrado adelantos importantes en la legislación, el trabajo ahora debe concentrarse en la sociedad para generar una cultura de respeto y no violencia contra las mujeres.
Sostuvo que en el país se avanzó "bastante" en cuanto a igualdad y equidad de género, como la inclusión de los derechos de las mujeres, su participación en la vida política y la lucha contra la violencia hacia ellas.