MADRID, 24 may (Xinhua) -- La Audiencia Nacional de España condenó a 29 de los 37 acusados en el juicio del caso Gürtel (1999-2005), al considerar que cometieron diversos delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública y cohecho, entre otros.
La entidad indicó este jueves en un comunicado que está probada la existencia de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".
La trama Gürtel, a la que da nombre el empresario Francisco Correa (Gürtel en alemán), surge en 1999 con la creación de una red de empresas que accedieron a diversas concesiones públicas a cambio de dinero y regalos a distintos cargos públicos del Partido Popular (PP).
Entre los señalados está la ex ministra de Sanidad, Ana Mato (2011-2014), quien deberá pagar 27.857 euros por beneficiarse con viajes y financiar eventos familiares.
Uno de los cabecillas de la trama de corrupción es el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien deberá pasar 33 años cuatro meses en prisión y pagar una multa superior a los 44 millones de euros por "blanqueo" y delitos fiscales.
En tanto, su esposa Rosalía Iglesias fue condenada a 15 años un mes de cárcel, tras ser considerada partícipe de lucro en todos los delitos fiscales cometidos por su marido.
Bárcenas jugó un papel principal en la trama Gürtel, al llevar un sistema paralelo de contabilidad que incluía sobresueldos ilegales a cargos del partido.
En ese sistema de contabilidad aparecía un tal "M. Rajoy", al que se ha ligado con el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, lo que no se ha podido demostrar.
Rajoy incluso ya tuvo que presentarse ante la corte en calidad de testigo para explicar su presunta relación con las actividades ilícitas.
En la condena publicada este jueves aparecen otros hombres fuertes vinculados al PP, como Pablo Crespo y otros ex concejales y consejeros de diferentes regiones de España.
En una sentencia de 1.687 páginas, el tribunal apreció que durante seis años el PP y Correa gestaron una estructura de colaboración "estable" en las comunidades autónomas de Madrid, Comunidad Valenciana, Málaga, Castilla y León.
A través de esa estructura prestaron "múltiples y continuos" servicios relativos a viajes y organización de eventos dentro de la actividad de ese partido político.
Los 29 condenados de la investigación afrontan delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
Enfrentan también prevaricación, "blanqueo" de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o intento de estafa procesal.