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Ex presidenta argentina irá a juicio oral por presunto encubrimiento de atentado

BUENOS AIRES, 5 mar (Xinhua) -- La justicia de Argentina elevó a juicio oral la causa por la que es investigada la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el presunto delito de encubrimiento de los iraníes prófugos acusados del atentado contra una mutual judía en 1994, informó hoy lunes el Centro de Información Judicial (CIJ).

De acuerdo con la entidad creada por la Corte Suprema para difundir información del ámbito jurídico, la causa por la que Fernández es investigada se refiere a que presuntamente impulsó un acuerdo con Irán, firmado en enero de 2012.

El acuerdo fue supuestamente para indagar en Teherán o en un tercer país a ex altos funcionarios iraníes acusados de perpetrar el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cometido el 18 de julio de 1994 que costó la vida a 85 personas.

La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 de Buenos Aires, quien investiga a Fernández y a otros ex funcionarios que también deberán cumplir juicio oral por la firma de ese acuerdo con Irán.

El magistrado acusa a Fernández, actual senadora nacional, de los delitos de "encubrimiento agravado por la condición de funcionario nacional, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

La acusación también la realizó el magistrado contra el ex canciller argentino, Héctor Timerman (2010-2015), además de otros ex funcionarios.

El juez Bonadio sostuvo en la resolución de elevación a juicio oral, que los funcionarios de Estado, "abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas" por el atentado.

Según el magistrado, para ello "participaron en la elaboración del instrumento cuestionado (acuerdo de 2012) y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados".

Bonadio solicitó en diciembre pasado el "desafuero" de Fernández para proceder a su detención, medida que aún no se hace efectiva, ya que depende de un procedimiento que el Congreso no ha comenzado.

La denuncia por encubrimiento en contra de Fernández fue realizada en enero de 2015 por el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento.

Actualmente, no hay personas detenidas por el ataque de 1994, pero para la justicia argentina está probada la participación de oficiales iraníes.

A partir de ahora, un Tribunal Oral Federal deberá fijar la fecha en que comenzará el juicio oral.

La decisión de Bonadio se suma a una similar el pasado 2 de marzo del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Buenos Aires.

Ercolini dispuso elevar a juicio oral una investigación sobre Fernández y otras personas por el presunto delito de "asociación ilícita" en contratos para obras viales en favor de compañías del empresario Lázaro Báez

Sobre Fernández pesa por esa causa un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos (500 millones de dólares).

La ex presidenta ha denunciado que su situación judicial obedece a una "persecución política" dispuesta por el actual gobierno argentino.