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Fuerzas Armadas de México facultadas para actuar en tareas de seguridad pública, dice investigador

Por Edna Alcántara

MEXICO, 6 ene (Xinhua) -- Las Fuerzas Armadas de México están facultadas, por mandato presidencial, para realizar tareas de seguridad pública, incluyendo el combate al crimen organizado, por lo que "es necesaria" la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Interna para reglamentar su intervención, dijo el investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva Posada.

El especialista en materia de seguridad afirmó, en entrevista con Xinhua, que desde hace unos 200 años la atribución presidencial de intervenir en seguridad interior se encuentra estipulada constitucionalmente.

Asimismo, rechazó que México esté viviendo "una militarización" tras la reciente aprobación en el Congreso de Ley de Seguridad Interna, ya que la intervención del ejército se da "cuando las autoridades locales de una entidad se vean superadas por situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior".

"Hablar de militarización es más propagandístico que real, no hay un gobernador ni senador militar (...) Los militares en América Latina en general cuando actúan en política hacen un lado las leyes y en México los militares tienen leyes y creo que (...) tenemos que apreciar esta actitud en la que piden leyes para apoyar a la sociedad en momentos críticos en descomposición de seguridad pública", añadió.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el pasado 21 de diciembre la Ley de Seguridad Interior sin emitir la declaratoria correspondiente pues dijo que esperará a que se presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano judicial que definirá si la ley es constitucional o no.

De acuerdo con Oliva Posada, la ley es necesaria para dotar de un marco jurídico la intervención de las fuerzas federales, pues establece que "su papel se acota a situaciones indispensables y limita la temporalidad de sus operaciones".

Apuntó que la norma establece que las operaciones tienen que garantizar los derechos humanos en todo momento y sin excepción.

"Definitivamente hay leyes castrenses y que eso es indiscutible, quienes violen los derechos humanos y no acaten la ley tienen que ser castigados y con todo rigor de la ley", enfatizó el especialista.

Asimismo, sostuvo que, si bien la norma es un tema sensible, el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, al verse rebasados los órganos policiales por el fenómeno delictivo.

Respecto al temor de situar a las Fuerzas Armadas en las calles, recordó que según algunos de sus estudios, "la dictadura de un crimen organizado existe en zonas del país en donde matan periodistas, no hay libertad de circulación, matan políticos, en fin; aquí son los buenos contra los malos".

Las acciones que cerca de 43.000 soldados mexicanos que están desplegados de manera permanente en las calles se sustentan en una tesis de la SCJN, que establece que la delincuencia organizada constituye una amenaza a la seguridad interior.

Desde diciembre de 2006, militares patrullan ciudades y caminos en estados del norte, centro y sur de México para combatir a grupos criminales, debido a que el entonces presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), recurrió a esta medida para contrarrestar la creciente ola de violencia desatada a raíz de disputas entre cárteles del narcotráfico.

Oliva Posada enfatizó que, a partir de la aprobación de la norma, la labor de los marinos y soldados en las calles no será permanente.

Además, sostuvo que en México se necesita el fortalecimiento de las corporaciones policiales, así como de reformar las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha unido a las voces de legisladores de oposición, académicos, artistas y activistas quienes manifiestan su preocupación de seguir dependiendo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Ante ello, un grupo de legisladores, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México analizan, por separado, un recurso legal en contra de la Ley de Seguridad Interior el cual sería promovido en el Tribunal Supremo.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confió en que el Poder Judicial emita una resolución favorable sobre la Ley de Seguridad Interior, pero "con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos".

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, consideró en declaraciones a la prensa el pasado viernes que esta legislación "es de suma importancia" ya que "otorga un marco jurídico de certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas".

La Ley, agregó Castañón, responde a buena parte de las inquietudes manifestadas por miles de micro y pequeños empresarios ante la inseguridad que prevalece en distintas regiones de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.