MEXICO, 4 jul (Xinhua) -- El ex gobernador del estado de Veracruz (este), Javier Duarte, aceptó este martes que Guatemala lo extradite a México para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Al comparecer ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, en la capital del vecino país, Duarte decidió allanarse a su entrega, al alegar que no cometió los delitos que la PGR presentó en su contra, los cuales son graves en la regulación mexicana.
"No cometí tales delitos, y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país", señaló el ex gobernante de Veracruz (2010 a octubre de 2016).
En una audiencia de poco más de una hora, Duarte escuchó de voz del presidente del tribunal, César García, la imputación de la PGR que derivó en la orden de aprehensión que un juez federal giró en su contra el 14 de octubre de 2016.
También se le leyó casi una veintena de pruebas que la PGR presentó para solicitar su arresto, entre éstas una lista de testimonios en su contra y de fincas, predios, departamentos y ejidos en Veracruz y otros estados que personas supuestamente ligadas a él adquirieron a través de aparentes triangulaciones de recursos públicos.
"En ninguna de las pruebas aparece mi nombre ni de ninguno de mis familiares directos", reviró el ex miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras permanecer prófugo por seis meses, Duarte fue arrestado por oficiales de la Policía Nacional Civil guatemalteca el pasado 15 de abril en un hotel del turístico lago Atitlán, municipio de Panajachel, departamento de Sololá (suroeste), a petición del gobierno mexicano.
La PGR acusa a Duarte de desviar recursos públicos por al menos 439 millones de pesos (24,15 millones de dólares) durante su administración, para la adquisición de los distintos inmuebles a través de empresas fantasma.
Duarte se allanó también el 27 de junio a la solicitud de su extradición por dos causas penales abiertas ante la justicia de Veracruz, derivadas de imputaciones de la fiscalía estatal por tráfico de influencias, peculado y otros ilícitos.
Una vez que aceptó su extradición por las acusaciones federal y estatal ante los tribunales guatemaltecos, es previsible que el gobierno del vecino país concrete su entrega en los siguientes días, según cálculos de la PGR.
En un comunicado distribuido a la prensa al término de la audiencia, la defensa de Duarte se declaró lista para encarar a la justicia mexicana, al señalar que la imputación de la PGR "no resiste un análisis jurídico serio", debido a que no se acredita la existencia de una organización delincuencial ni la intervención de su cliente en ésta.
"La acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tiene el menor sustento jurídico, de hecho está planteada como si fuera un peculado", abundó la defensa en cuanto al segundo delito federal del que se le acusa.
Duarte se encuentra, desde su arresto, interno en la prisión preventiva de Matamoros, localizada en una instalación militar de la ciudad de Guatemala.