Manifestación masiva en las calles pone en jaque la presidencia de Rousseff

Actualizado a las 14/03/2016 - 08:43

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Millones de personas salieron a las calles de Brasil este domingo para pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el fin de la corrupción, en una jornada en la que el país ensalzó a otro ídolo nacional: el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones de la Operación Lava Jato, sobre los millonarios desvíos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

En al menos 245 ciudades brasileñas hubo manifestación contra el Gobierno, que reunió en total a 3,1 millones de personas, según la Policía Militarizada, y 6,5 millones, según los organizadores.

Hace apenas un año, en las masivas manifestaciones del 15 de marzo de 2015, también contra la mandataria, se registraron entre 2,3 y 3 millones de personas en las 252 ciudades que tuvieron protesta, lo que muestra el crecimiento del descontento de la ciudadanía con Rousseff y su Ejecutivo.

En todas las ciudades hubo dos colores que marcaron las manifestaciones: el amarillo y el verde, los dos de la bandera brasileña. En todas ellas se repitieron cánticos y consignas en contra de Rousseff y del Gobernante Partido de los Trabajadores (PT), en el poder desde 2003.

Las pancartas en favor del 'impeachment', el juicio político en miras a la destitución de Rousseff que abrió el Congreso pero que fue paralizado por el Supremo Tribunal Federal (STF), fueron las que dominaron la jornada, así como las que pedían la prisión para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien está siendo investigado por haberse beneficiado supuestamente de la red corrupta y de quien la Fiscalía de Sao Paulo pidió prisión preventiva el jueves.

Las autoridades acusan a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS y cuya propiedad ha sido negada por el político en reiteradas ocasiones, así como el propietario de una finca rural en el estado de Sao Paulo, que también está a nombre de empresarios próximos al ex mandatario.

Los manifestantes ensalzaron al juez federal Sergio Moro, responsable del caso de desvíos en la petrolera Petrobras, que se convirtió en el héroe de la jornada, recibiendo apoyo en todo momento con carteles y pancartas que alababan su trabajo y su mano dura con los corruptos.

El caso Petrobras viene sacudiendo la política y la opinión pública brasileña desde hace casi dos años, cuando se descubrió la gigantesca red corrupta formada por empresarios, políticos y altos cargos de la petrolera, que amañaban e inflaban los contratos para repartirse posteriormente el dinero excedente.

Varios políticos de primer rango, como el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renan Calheiros, están acusados de haberse favorecido de la red, así como Lula, ministros, diputados federales y según algunos delatores, hasta la presidenta Dilma Rousseff.

Debido a ello, desde hace un año, movimientos sociales vinculados a la oposición han realizado varias protestas en todo Brasil para mostrar su rechazo a la corrupción y al Gobierno, llegando a su clímax este domingo, con una participación masiva.

Sao Paulo, la mayor ciudad del país, fue la que reunió más gente, con 1,4 millones de personas según la Policía Militarizada y 2,5 millones según los organizadores. En Río de Janeiro, los organizadores calcularon 1 millón de manifestantes en la playa de Copacabana, aunque la policía se negó a dar las cifras.

Ya en la capital Brasilia, más de 100.000 personas rodearon simbólicamente el Congreso, formando la palabra "Fuera Dilma", en lo que fue la manifestación más multitudinaria en la ciudad desde hace años, según la policía.

La gran incógnita ahora será ver las decisiones que toma el Gobierno tras la nueva muestra de descontento general en todo el país.

En su convención nacional, realizada el sábado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayor fuerza del país y principal aliado del Gobierno, empezó a mostrar el rompimiento con el Ejecutivo.

El partido que lidera el vicepresidente Michel Temer prohibió a sus afiliados asumir nuevos cargos en el Gobierno al menos por un plazo de 30 días, tiempo que tomará la dirección nacional de esa formación para decidir si permanece en el Gobierno o pasa a engrosar las filas opositoras, como piden varias voces dentro del partido.

A la crisis política hay que agregarle la grave situación económica del país, actualmente en recesión después de que la economía se contrajera un 3,8 por ciento en 2015, el peor resultado en 25 años, y deba hacerlo en cerca de 3,5 por ciento este año, registrando dos años negativos por primera vez.

A ello, hay que unirle una alta tasa de inflación de 10,67 por ciento el año pasado, un aumento del desempleo cercano al 10 por ciento, una mayor restricción del crédito y la caída de la confianza de los consumidores, lo que ha provocado que el país perdiera el llamado grado de inversión.

Por todo ello, la continuidad ahora mismo de Dilma Rousseff en la presidencia es toda una incógnita, acosada por un lado por la economía y en el otro por la corrupción y la cada vez más visible debilidad y soledad de su Gobierno en el Congreso.