Dan primer paso para anular cuestionada Ley de Pesca de Chile

Actualizado a las 20/01/2016 - 08:38

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La Cámara de Diputados de Chile declaró admisible este martes el proyecto de ley que busca anular la actual Ley de Pesca, por supuestos vicios de constitucionalidad en su tramitación en el 2013.

La iniciativa parlamentaria fue ingresada por los diputados del Partido Comunista (PC) e Izquierda Cristiana (IC) y será revisada por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia.

Esa ley, aprobada durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera e impulsada por su ministro de Economía, Pablo Longueira, contó con los votos de los cuestionados senadores Jaime Orpis, de derecha, quien ha sido desaforado por recibir dinero de la empresa Corp Pesca, y Fulvio Rossi, socialista que obtuvo dinero de otras empresas para reelegirse.

Según la bancada PC-IC, la "Ley Longueira" agudizó la desigualdad entre la industria y la pesca artesanal, entregándoles prácticamente a perpetuidad el recurso pequero a los grupos industriales.

Con la legislación, se impulsaron las fusiones de grupos corporativos y la concentración económica, mediante la entrega gratuita de licencias indefinidas y cuotas individuales, las cuales pueden vender, arrendar, comprar, hipotecar, dejar en garantía, e incluso heredarlas, por lo que el cartel de la pesca industrial controla el 94 por ciento de las cuotas de captura.

De modo directo, ha beneficiado a siete familias con licencias cuasi perpetuas y transables, las cuales prácticamente han concentrado la totalidad de la capacidad de captura industrial en el país, sin pagar lo que le corresponde.

Esos grupos económicos debieron haber pagado al Estado un mínimo de 900 millones de dólares anuales, y sólo aportan un 0,4%, siendo que ese sector uno de los más ricos del país.

De manera directa, la ley afectó a los pescadores artesanales y fueron unos 97.000 los que quedaron al margen y sin derecho a acceder y usar los recursos marinos que ellos mismos producen con su esfuerzo.

Incluso los pescadores pertenecientes a pueblos originarios, muchos de los cuales tienen internalizadas en sus culturas la pesca, fueron excluidos. Tal situación afecta a lafkenches, mapuche, huilliches, kaweskar y rapa nui.

Según el diputado Núñez, la iniciativa representa "un acto de soberanía de la Cámara de Diputados frente al poder de grupos económicos, como Corpesca, que recurrieron a actos ilícitos para apropiarse de recursos que son de todos los chilenos".

Agregó que "el acto de admisibilidad para anular la ley reivindica al mundo político, frente al acto doloso de un (ex) senador derechista Jaime Orpis".

Por otro lado, la semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en el marco de la Ley de Pesca por el delito de cohecho contra la empresa Corpesca, pesquera controlada por el Grupo Angelini.

Esa acusación se hizo en el contexto de la investigación que realiza la Fiscalía contra el senador Orpis, quien perdió su inmunidad parlamentaria ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, precisamente por estar imputado de cohecho y se le imputan tres cargos más.

En la investigación se ha comprobado que, sobre la base de la facilitación de comprobantes falsos por parte del senador para que la empresa pagara menos impuestos y de la simulación de contratación de asesores, Corpesca otorgó financiamiento permanente a Orpis entre el 2009 y el 2013.

En el período referido, durante el cual se tramitó la Ley de Pesca, la empresa del Grupo Angelini entregó al parlamentario una suma de 260 millones de pesos (más de 350 mil dólares), es decir, un promedio 5,2 millones de pesos mensuales (unos 7,300 dólares) durante los cuatro años.

En los últimos días, han aumentado las tensiones entre los diputados a favor y en contra de la iniciativa, después que el diputado comunista Gutiérrez dijera que era necesario que esta ley sea declarada "viciada desde su origen".

Algunos parlamentarios de oposición de derecha han asegurado que la medida, hoy admitida por la Cámara, es inconstitucional.

El titular de la Cámara, Marco Antonio Núñez , argumentó que el proyecto de ley "no invade materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República", siendo además una "iniciativa debidamente fundamentada".