LA HABANA, 5 jul (Xinhua) -- Una tupida red de legislaciones que conforman el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi medio siglo, aparece hoy como el principal obstáculo en las recién restablecidas relaciones entre los dos países.
El bloqueo, que los estadounidenses llaman "embargo", ha sido condenado de manera sucesiva desde hace más de 20 años por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Washington ha tenido apenas el respaldo de Israel.
Estos años de cerrado cerco estadounidense han significado a la isla pérdidas superiores a 1 millón de millones de dólares, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional desde 1960 a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales.
Según el más reciente informe de Cuba a la Asamblea General de la ONU presentado a fines de 2014, las pérdidas superaban los 116.000 millones de dólares a precios corrientes, "en un cálculo sumamente conservador".
Las primeras regulaciones estadounidense, dictadas por la administración de John F. Kennedy (1961-1963), tuvieron como base la "Ley de comercio con el enemigo", también conocida como TWEA por sus siglas en inglés.
Esa ley fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas "hostiles".
Su aplicación se expandió después para regular las transacciones "durante cualquier período de emergencia nacional declarado por el presidente" de Estados Unidos.
Fue la "Ley de asistencia exterior", no obstante, promulgada por el Congreso en septiembre de 1961, la que autorizó al presidente Kennedy establecer y mantener "un embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba".
La norma también prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno de la isla.
El bloqueo a Cuba fue decretado de manera formal por la administración Kennedy el 3 de febrero de 1962, mediante la proclama presidencial 3447.
Ese "muro" levantado alrededor de Cuba se reforzó en 1979 con la adopción de la Ley de Administración de las Exportaciones (EAA, siglas en inglés) como resultado de una revisión de los controles sobre las ventas al extranjero.
Dicha legislación otorgó a la Casa Blanca autoridad para controlar las exportaciones y restringir aquellas que "contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos".
Los años pasaron y Cuba siguió resistiendo la presión de Estados Unidos a pesar de los problemas.
En 1992, cuando en la isla comenzaba una profunda crisis económica, el presidente George Bush quiso aprovechar lo que pensaba era la oportunidad para acabar con la Revolución Cubana.
En octubre de 1992, casi exactamente 30 años después de iniciado el bloqueo, Bush padre firmó la "Ley para la democracia cubana", mejor conocida como "Ley Torricelli".
Con ese ordenamiento jurídico, Washington reforzó las medidas económicas contra la isla y oficializó la extraterritorialidad del cerco al prohibir a las compañías subsidiarias de su nación realizar en terceros países transacciones con Cuba o nacionales cubanos.
Prohibió y aún prohíbe -porque dicha ley sigue vigente-, la entrada a territorio estadounidense durante 180 días de barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos.
La última "vuelta de tuerca" al marco jurídico la dio la administración del ex presidente William Clinton (1993-2001), que en el afán por acabar con el orden establecido en la isla, llegó a entregar al Congreso sus facultades presidenciales en lo referido a Cuba.
En marzo de 1996, Clinton firmó la "Ley para la solidaridad democrática y la libertad cubana", la conocida "Helms-Burton", que buscó desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo a Cuba.
Esa legislación codificó las disposiciones del bloqueo y amplió su alcance extraterritorial, al denegar la entrada a Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras y a sus familiares que invirtieran en propiedades "confiscadas" en Cuba.
Estableció, además, la posibilidad de presentar demandas en su contra en tribunales de Estados Unidos.
La "Helms-Burton", que ha sido la más dura de las leyes aplicadas por Washington contra la isla, limitó las prerrogativas del presidente para suspender esta política, algo que ahora está en manos del Congreso.
Esa ley fue la herramienta predilecta en la política hacia Cuba de la administración de George W. Bush (2001-2009), quien detrás de los pasos de su padre, trató sin éxito de dar la "estocada final" a la Revolución Cubana.
Esa complicada urdimbre legal conforma el bloqueo más abarcador que aplica Estados Unidos y solo puede ser eliminada por el Congreso, algo que parece difícil a corto plazo por la reticencia de la mayoría republicana.
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