Infractores de Ley de Seguridad Alimentaria podrían ser detenidos en China

Actualizado a las 22/12/2014 - 16:08

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BEIJING, 22 dic (Xinhua) -- El proyecto de enmienda a la Ley de Seguridad Alimentaria, presentada para su segunda lectura hoy lunes, busca intensificar las sanciones a los infractores mediante la imposición de arresto.

Los infractores que añadan sustancias no comestibles en los alimentos serán puestos bajo detención de cinco a 15 días, según el proyecto sometido a la sesión legislativa bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, máximo órgano legislativo).

La detención administrativa se refiere normalmente al arresto de un máximo de 15 días impuesto por la policía sin procedimientos judiciales.

Esto es considerado como una sanción dura, ya que los castigos en la Ley de Seguridad Alimentaria son en su mayoría multas y revocación de certificados.

Si la infracción es aún más grave, los sospechosos serán sometidos a la Ley Criminal. Sin embargo, los legisladores habían argumentado en la primera lectura en agosto que la actual ley no cuenta con claras normativas sobre qué tipo de ofensas deben ser consideradas como una infracción de la ley criminal.

La nueva versión del proyecto también añade una disposición para castigar a los productores por añadir materias primas caducadas y aditivos de alimentos en sus productos.

Según el proyecto de ley, la multa a productores será entre diez y 20 veces el valor de los productos si cuestan más de 10.000 yuanes (1.631 dólares). Si valen menos de 10.000 yuanes, la multa seá de 50.000 al 100.000 yuanes. El certificado de producción será revocado si la infracción es grave.

La disposición se ha hecho eco de un horrible escándalo alimentario ocurrido en julio. Shanghai Husi Food Co. Ltd, un proveedor líder de marcas de comida rápida, incluídas McDonalds y KFC, fue descubierta utilizando carne caducada reprocesada en sus productos. Seis de los altos ejecutivos de la compañía fueron detenidos.

La versión del lunes del proyecto de enmienda también obliga a los propietarios de los sitios de producción a compartir responsabilidades conjuntas con los fabricantes si saben que se están llevando a cabo actividades ilegales en su propiedad.

Sin embargo, exime a los distribuidores de castigo si tienen pruebas que demuestren que siguen los procedimientos legales y no conocen los delitos de los proveedores.