BEIJING, 24 dic (Xinhua) -- Los gobiernos locales de China tendrán que regular el coste de los servicios de las instituciones de cuidado de ancianos, según una enmienda de la Ley sobre Protección de Derechos e Intereses de la Tercera Edad.
El borrador fue sometido para su segunda lectura hoy lunes a la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, máximo órgano legislativo), que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de diciembre.
La enmienda tiene como objetivo abordar los problemas de algunos suministradores de servicios de asistencia a las personas de la tercera edad, como el establecimiento poco claro de precios y la ausencia de seguimiento a los ancianos en su tratamiento tras del cambio de institución o la finalización de los cuidados.
"Los gobiernos locales de todos los niveles deben regular los precios y los estándares de los servicios de asistencia a los anciannos con la supervisión y administración de este tipo de instituciones", señala el documento.
La enmienda también estipula que las organizaciones pertinentes tienen la responsabilidad de ofrecer servicios a aquellas personas de la tercera edad cuyos suministradores de servicios hayan sido reorganizados o cerrados.
Asmismo, cubre el desarrollo de los servicios que se prestan a los ancianos en las comunidades de vecinos con el fin de fortalecer el rol que desempeñan en la asistencia diaria, las actividades culturales y deportivas, y el cuidado diurno para los ancianos.
"Los gobiernos a todos los niveles y las organizaciones pertinentes deben animar a los proveedores de servicios profesionales y otros grupos y particulares a que ofrezcan cuidados diarios, asistencia de emergencia, atención médica, consultas psicológicas y otros servicios para la población de la tercera edad que vive en sus casas", dice la enmienda.
El proyecto de ley especifica que los gobiernos locales deben incorporar las instalaciones de asistencia a los ancianos a sus planes de construcción urbana y rural, así como aplicar políticas favorables en materia de exención fiscal, financiación y otros terrenos para promover que más personas trabajen en el sector de servicios a la tercera edad.
El documento también estipula que el gobierno debe mejorar su asistencia a aquellos ancianos con un hijo único mediante la garantía legal de la prestación de un pago extra mensual para este tipo de familias.