El número de personas que corren el riesgo de ser desalojadas de los campamentos para damnificados por el terremoto de 2010 en Haití bajó casi una tercera parte, sin embargo la amenaza persiste, informó hoy la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Haití (OCHA).
El organismo señaló que en la actualidad 73.000 personas viven expuestas a ser expulsadas de los refugios, a los cuales se suman los 66.000 haitianos que ya fueron víctimas de desalojos forzosos, desde julio de 2010 a la fecha, en alguno de los 150 campamentos levantados poco después de la tragedia.
El coordinador de la OCHA, Ross Mountain, señaló que los desalojos han dado lugar a la violación de varios derechos humanos, ya que las familias desalojadas sufrieron intimidación, violencia física y la destrucción de sus viviendas.
Mountain agregó que las autoridades haitianas tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos de todos los ciudadanos, en particular los desplazados, y manifestó que en la reubicación de esas personas deben tenerse en cuenta los procedimientos legales y las garantías propias del derecho nacional e internacional.
Hace un año la Organización internacional para las Migraciones (OIM) calculó en cerca de 95.000 el número de personas que vivían en uno de los 162 campamentos para damnificados que quedaban entonces en la capital, quienes corrían el riesgo de ser desalojados de esos lugares.
Según el organismo, el número representaba 19 por ciento del total de personas que perdieron sus hogares hace tres años y que todavía no han encontrado un lugar dónde vivir.
El 12 de enero de 2010 un sismo de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió Puerto Príncipe, con un saldo de 222.570 muertos y daños materiales por 7.900 millones de dólares.
Según informes oficiales, el sismo destruyó alrededor de 105.000 casas en todo el país y dejó un millón 300.000 damnificados, de los cuales cerca de 360.000 viven todavía en tiendas de campaña.
En enero pasado, en el tercer aniversario de la tragedia, el presidente Michel Martelly se comprometió a continuar el proceso de reconstrucción "dentro del orden y el respeto a las normas" y advirtió que el Ministerio de Obras Públicas ha establecido un código nacional de construcción para cumplir con la disposición en edificaciones.
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