CARACAS, 10 feb (Xinhua) -- Empresarios y comerciantes de Venezuela tienen hasta hoy para acatar la denominada Ley Orgánica de Precios Justos, que fija ganancias máximas del 30 por ciento, so pena de enfrentar cárcel, advirtió este lunes la intendente de costos, Karlin Granadillo.
En entrevista a la estatal Venezolana de Televisión, la funcionaria dijo que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), revisa los precios, el análisis de costos, la distribución y comercialización de los productos para determinar los márgenes de ganancia en cada caso.
"Este es un trabajo que vamos a publicar en esta semana y que corresponde a los criterios para la elaboración de las estructuras de costos por parte de los sujetos de aplicación", dijo Granadillo.
Admitió sin embargo que "no todos los rubros deben ser calculados sobre el 30 por ciento de ganancia ya que generaría distorsión en muchos sectores, que con menos de ese por ciento ya tienen los ingresos necesarios para su actividad económica".
Explicó que el propósito de estos estudios es brindarles herramientas a los comerciantes para que ellos mismos establezcan los precios justos de cada mercancía cumpliendo con los criterios tomados en cuenta por la Superintendencia "sin ninguna intervención directa del Estado".
Sostuvo que el nuevo organismo dará prioridad en el análisis del margen de ganancias a los alimentos, medicamentos, electrodomésticos y otros productos considerados de primera necesidad por el Estado bolivariano y será aplicable a todos los sectores de la economía venezolana.
Igualmente indicó que el nuevo organismo tiene dos áreas de acción directa, la intendencia de costos, ganancias y precios justos y la de fiscalización, esta última encargada de velar por la fiel aplicación de la Ley por parte de los empresarios y comerciantes.
Granadillo insistió en la necesidad de que todos, pertenezcan al sector público o privado, acaten las legislaciones establecidas para estabilizar la economía y recordó que quienes incurran en los delitos recogidos en la nueva normativa serán objeto de sanciones que van de dos a 14 años de cárcel.
Sobre los efectos de esta medida, la intendente aseguró quepodrán notarse en los próximos días una vez que la economía se vaya ajustando, al tiempo que precisó que "ya ninguna tienda podrá obtener 1.000 por ciento de ganancia, tendrá que restringirse a un 30 por ciento o menos de eso".
Granadillo también se refirió a los comerciantes informales que revenden artículos de primera necesidad a altos precios y manifestó que este tipo de labor también es sujeto de la Ley Orgánica de Precios Justos siempre que cumpla con lo establecido pues "no es un delito comercializar el producto sino especular con el producto".
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