El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción, enfrenta un nuevo escándalo con la reciente difusión de un video en el que se le observa dando órdenes a sus custodios para atender un terreno de cultivo dentro del penal donde cumple su condena.
La difusión de este video ha provocado una encendida polémica en Perú.
Según el legislador oficialista Fredy Otárola, las imágenes muestran a un Fujimori que aparentemente goza de buena salud y no cumple con los requisitos para recibir un indulto humanitario, tal como ha solicitado su familia.
El video se difundió precisamente en momentos cuando existe un debate por la negativa del ex mandatario a someterse a un chequeo a manos de una Junta Médica que debe evaluar la salud del ex gobernante, en el contexto del pedido de indulto.
La petición de la gracia, que debe resolver el presidente Ollanta Humala, está sustentada por la familia de Fujimori en que éste padece un supuesto cáncer en la lengua y una depresión que pone en riesgo su vida.
Para el ex presidente del Congreso peruano, Daniel Abugattás, las imágenes del ex gobernante dando órdenes a sus custodios reflejan su buen estado de salud.
Según este legislador y dirigente del oficialista Partido Nacionalista, el video deja en claro que "es una farsa" la supuesta delicada condición de salud del ex presidente, que busca presionar al gobierno para que le conceda el indulto.
El propio presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, tuvo que intervenir para pedir un informe sobre el video y también de cómo se filtró a la prensa peruana.
Para el ministro, la solicitud no debe contaminarse con tinte político y exhortó a los involucrados en esta gestión a observar el caso desde el punto de vista técnico y no político.
Sin embargo, la familia del ex presidente considera que la justicia peruana está pisoteando los derechos de Fujimori, según la versión de su hijo menor, Kenji.
La reacción responde a la negativa de las autoridades peruanas de que el médico privado de Fujimori integre la Junta Médica.
"Mi padre se niega a que se pisoteen sus derechos", expresó el hijo de Fujimori, quien también es un político y parlamentario del Congreso Nacional.
Las autoridades consideran que las peticiones de indulto, como lo hizo la familia del ex mandatario el año pasado, están sujetas a reglas establecidas y los presos no pueden exigir qué médico debe integrar la Junta Médica, sino el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
Sin embargo, el hijo de Fujimori insiste en que el caso de su padre es especial por su condición de ex presidente y, a diferencia de otros reos, que no tienen médicos privados, Fujimori sí cuenta con médicos personales.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, reiteró que en Perú la ley es igual para todos y no puede haber privilegios a favor de nadie, ni siquiera para favorecer a un ex presidente.
"Todos los internos que quieran plantear un indulto humanitario tienen que acogerse a las reglas, las que indican que la junta médica es decidida por la autoridad penitenciaria", subrayó.
Jiménez manifestó su rechazo a la actitud del ex mandatario de no querer someterse a evaluaciones médicas respectivas a cargo de la Junta Médica para proseguir con los trámites de petición de indulto.
Precisó que la única forma de garantizar una real transparencia en este proceso se debe cumplir con el requisito básico de verificar el estado real de salud los internos por médicos reconocidos por las autoridades gubernamentales y no médicos privados.
Las autoridades peruanas definirán en los próximos días si el pedido de indulto seguirá su curso o en todo caso será archivado ante la negativa de Fujimori, por tres veces consecutivas, de someterse a los exámenes médicos establecidos por las leyes.
El ex presidente peruano gobernó con mano dura Perú (1990-2000) y durante su régimen fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad como la matanza de la Cantuta (1992), donde fueron asesinados nueve estudiantes y un catedrático.
La Justicia peruana también condenó a Fujimori por el crimen de Barrios Altos (1991), donde 15 personas, incluido un niño, fueron asesinados a balazos por un escuadron de la muerte llamado "Grupo Colina", integrado por militares.
En 2009, en un proceso histórico, la justicia peruana lo halló culpable de estas matanzas y lo sentenció a 25 años de prisión, condena que cumple en un cuartel policial en las periferias de la capital peruana.
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