Una huelga de choferes sindicalizados del transporte público, en demanda del incremento de los pasajes, dejó hoy paralizada la ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia.
Los choferes afiliados a la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo La Paz instalaron esta jornada puntos de bloqueo en las principales zonas de la urbe, en rechazo a la propuesta tarifaria municipal y la restricción de circulación por dos días de los "carrys" (minibuses pequeños) en el centro de la ciudad, planteamiento realizado por el alcalde Luis Revilla.
Los choferes cercaron la Alcaldía de La Paz, haciendo que el resguardo municipal se repliegue, luego de que el sector empezará a lanzar petardos y botellas a las instalaciones del municipio.
El alcalde Revilla expresó su disposición al diálogo, pero antes pidió a los choferes propuestas para trabajar sobre esa base.
"Lamento que los compañeros estén agrediendo, cuando hemos dicho que se respetaría la propiedad privada". Pido mil disculpas a la población por la movilización de hoy, pero es para demostrar el malestar en contra de las políticas del alcalde", afirmó.
Además dijo que la consulta ciudadana sobre su propuesta tarifaria será ampliada un par de semanas y que espera que hasta el 18 de febrero se puedan aplicar las nuevas tarifas.
"Hemos tomado la decisión de ampliar el plazo de la consulta, de tal manera que las juntas de vecinos convoquen a una mayor cantidad de personas. Esperamos en febrero anunciar la nueva escala tarifaria de pasajes", agregó Revilla.
Los dirigentes aseguraron que los choferes de 92 sindicatos afiliados a la Federación Departamental de Choferes de La Paz, 46 empresas de radiotaxi y 24 organizaciones de la Federación de Transporte Libre apoyan la medida de presión.
El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de La Paz, René Vargas, dijo que la movilización será evaluada para decidir si continúan o no con otras medidas de presión en busca de mejorar el incremento de los pasajes.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia para los funcionarios públicos para el ingreso y salida de sus fuentes laborales, ante la medida de los choferes que estuvo dirigido a perjudicar las actividades cotidianas de la ciudadanía.