La Asamblea Legislativa de Bolivia reconoció hoy que después de seis años no logró concertar con la Policía, las Fuerzas Armadas (FFAA), los ministerios de Gobierno y de Defensa la aprobación de la Ley de Armas y Explosivos.
El asambleísta oficialista Jaime Medrano indicó que este tema es muy complicado, tomando en cuenta los intereses -por separado- de la Policía y las FFAA que pretenden asumir una mayor autoridad para otorgar permisos y tenencias.
"El objetivo de la medida legal es normar el manejo y uso de armamento para seguridad personal, cacería deportiva y seguridad nacional, pero hasta la fecha no se tienen resultados", aseveró.
Sin embargo, en el seno del gobierno de Evo Morales se mencionó la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de ley, el cual aún no se remitió al Legislativo.
El proyecto de Ley de Armas y Explosivos se encuentra pendiente desde 2006, cuando asumió el cargo el presidente Evo Morales, debido a la falta de consenso entre las FFAA y la Policía referente a qué institución otorgará autorizaciones para el manejo de armas.
Las negociaciones fracasaron en los tres intentos que se efectuaron para elaborar y aprobar esa esperada norma.
De momento, la autorización para que particulares porten armas de fuego la emite la Policía Nacional, a través de la Dirección de Matrículas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El gobierno nacional no cuenta con datos que den una idea sobre la cantidad de armas de fuego que pueda estar en manos de particulares.
Se prevé que la nueva norma establezca el uso estricto de las armas sólo para la Policía y las Fuerzas Armadas, aunque también se permitirá en algunas actividades específicas, como la cacería deportiva.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sugirió que el proyecto de ley contemple la necesidad de hacer una campaña de recolección de aquellas armas que estén en manos de civiles.
"Para asegurar el éxito de esta campaña, sería comprar las armas, pagar a quienes voluntariamente las depositen y entreguen", manifestó Romero sobre el desarme.
El gobierno de Bolivia, encabezado por las organizaciones de izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS) aplicó en 2008 un plan de desarme de civiles, luego de que el grupo de indígenas aymaras del altiplano andino conocido como los "Ponchos Rojos" participara en un desfile exhibiendo antiguos fusiles Mauser.
Esas armas, que provienen de la Guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia y Paraguay, estaban en poder de los campesinos y algunas fueron devueltas hace dos años al Estado.
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