Después de décadas de debate, Uruguay permitió a partir de este año el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación tras la aprobación de una ley, con un movimiento social contrario como telón de fondo que busca llevar la discusión a una consulta popular.
La coalición de izquierda oficialista Frente Amplio (FA) es el principal promotor de la iniciativa, mientras que la mayoría en la oposición la rechaza, con organizaciones de la sociedad civil y religiosas a favor y en contra, de cada lado.
Así, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina, después de Cuba, en aceptar la interrupción del embarazo por sola voluntad de la mujer.
El 3 de diciembre de 2012 los centros sanitarios comenzaron a recibir decenas de consultas.
REFERENDO EN CIERNES
El presidente uruguayo José Mujica cumplió su promesa de no vetar la norma que aprobó el parlamento el pasado 17 de octubre, pero en forma sorpresiva anunció que apoyará la campaña de recolección de firmas para un referéndum que podría derogar la ley.
Mujica admitió hace unos días que analiza apoyar la campaña de firmas para convocar a un referendo que defina el futuro de la ley y que "la gente vote".
"Esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento", aseguró Mujica, quien se ha declarado favorable a la ley.
En una sesión histórica, el Senado dio sanción definitiva al texto en octubre pasado con 17 votos de 31, al lograr una mayoría un poco más amplia que el ajustado 50 a 49 que alcanzó en septiembre pasado en la Cámara de Diputados.
El primer intento de esta legislatura fracasó a principios de año, cuando el FA no tuvo votos suficientes y debió realizar ciertas concesiones para que el solitario diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, se sumara a favor.
El parlamento aprobó en 2008 una ley que despenalizaba el aborto, sin embargo el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez, también del FA, vetó una ley que sancionó el parlamento al argumentar razones "científicas" y"jurídicas".
La nueva norma establece que la interrupción voluntaria del embarazo "no será penalizada "si la mujer cumple con ciertos requisitos antes de las 12 semanas de gravidez".
Una vez que la mujer lo requiera, el médico dispondrá de 24 horas para establecer una entrevista con un equipo interdisciplinario integrado por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le informrán de alternativas como la adopción.
Recién cumplido un plazo de cinco días después de esa consulta la mujer podrá practicarse el aborto en la institución sanitaria donde se asista.
La ley establece que la mujer podrá interrumpir su embarazo por sola voluntad, luego que un equipo interdisciplinario (ginecólogo, psicólogo y asistente social) le informe alternativas como la adopción y cumplido un lapso de reflexión de cinco días después de esa consulta.
Según la reglamentación, las instituciones podrán presentar una "objeción de ideario" para quedar eximidas de realizar abortos, intención que ya anunciaron las mutualistas Círculo Católico y Hospital Evangélico.
Organizaciones sociales y sectores del opositor Partido Nacional (PN) recolectan firmas para convocar a un referendo que busque la derogación de la norma, para lo cual requieren 10 por ciento del electorado.
El 60 por ciento de los uruguayos se muestra favorable a despenalizar el aborto y un 32 por ciento en contra, según una encuesta de la empresa Factum divulgada este mes.
La Iglesia católica aparece como el más firme opositor a la práctica y ya ha anunciado que excomulgará a los legisladores de esa confesión que hayan respaldado la ley.
"Si un católico vota (una ley) con una manifiesta intención de que le parece que la Iglesia está mal en eso, se aparta él mismo de la comunión de la Iglesia", señaló el secretario de la Conferencia Episcopal, Heriberto Bodeant.
El religioso reafirmó el rechazo a la despenalización en la convicción de que la vida humana "comienza desde la concepción" y que "esa vida humana debe ser respetada".
OBJECION DE CONCIENCIA
Otro obstáculo para instrumentar la nueva legislación es la ola de objeciones de conciencia que han presentado ginecólogos para negarse a realizar abortos, al argumentar razones éticas o filosóficas.
Incluso en algunos departamentos populosos como Salto (noroeste) y Colonia (suroeste), los ginecólogos han presentado ese recurso jurídico, previsto en la norma.
El viceministro de Salud, Leonel Briozzo, atribuyó esas objeciones al "desconocimiento" en el tema y señaló que serán las instituciones médicas las encargadas de garantizar que los abortos se realicen.
"Muchas veces hay objeción de conciencia real y muchas otras veces no. Tiene que ver con otros aspectos", explicó.
Briozzo puso el ejemplo de profesionales que discrepan con la reglamentación, sin embargo recordó que "eso no tiene nada que ver con la objeción de conciencia" porque ésta no puede plantearse por "cuestiones instrumentales" sino por aspectos "religiosos y filosóficos".
La ley anterior sobre el aborto, que databa de 1938, castigaba con una pena de tres a nueve meses de prisión a la mujer por interrumpir su embarazo de forma voluntaria.
Hasta el momento se carecen de estadísticas oficiales disponibles sobre el número de abortos practicados, no obstante la autoridad sanitaria anunció que se divulgarán ahora cada mes.
Según el viceministro de Salud, se abre una nueva etapa en materia de derechos para las mujeres.
La nueva norma permitirá cumplir con una prioridad, que "es concretar que los derechos sean hechos en la vida de la gente, hablando, tanto de la interrupción, como cuando la mujer desea continuar el embarazo", enfatizó el funcionario.
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