El gobierno colombiano descartó hoy que la aprobación del fuero militar para los integrantes de las fuerzas armadas y de la Policía en el Congreso traiga impunidad y aclaró que los uniformados que cometan delitos de lesa humanidad serán procesados por la justicia ordinaria y no por la Justicia Penal Militar.
El ministro de Interior, Fernando Carrillo, afirmó que en Colombia hay "soberanía" y que los congresistas no pueden legislar basados en opiniones, en alusión a que la organización internacional Human Right Watch (HRW) criticara la reforma constitucional al fuero militar, que da prioridad a la justicia penal militar en algunos casos.
La víspera, el Congreso colombiano aprobó en el último debate la reforma constitucional al fuero militar, que de acuerdo con el gobierno, "busca dar seguridad jurídica a los miembros" de las Fuerzas Militares y de Policía.
"Allí no hay caprichos de ninguna naturaleza. Hay una manifestación de la autonomía de nuestra soberanía, insisto en ese tema. Se recogieron todas las inquietudes de organismos internacionales (...) No se le dio un cheque en blanco a la justicia penal militar, los crímenes atroces van a seguir en la justicia ordinaria", declaró Carrillo.
En su turno, el ministro de Defensa, Juan Carlos, declaró que la norma no generará casos de impunidad, y por el contrario, se castigarán a los responsables que cometan delitos de lesa humanidad.
"A la reforma del fuero militar llegamos como consecuencia de una problemática que no es teórica ni un capricho (...) Los soldados de Colombia y los policías son los primeros defensores de derechos humanos del país", declaró Pinzón durante un acto público en la capital colombiana.
Por su lado, el director de Human Right Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, reiteró ante periodistas locales que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cometió un error al presentar esa norma al Congreso.
"Aquí se ha cometido un error que fue evitable, el gobierno y el ministro de Defensa se empecinaron en alterar las reglas del juego que suponen que las fuerzas militares están en capacidad de autorregularse y retrocedemos al siglo pasado, décadas de los 80 y 90, en donde se cometían violaciones a los derechos con total impunidad", expuso.
"El fiscal se ha quedado sin argumentos sólidos para defender su jurisdicción porque si no accede a este tipo de peticiones se estaría exponiendo a una acusación por violación de la propia Constitución, que le ordena que solo puede tener bajo su conocimiento siete figuras delictivas en las que participen militares", añadió Vivanco.
Por su lado, el delegado de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, aseveró ayer que la reforma constitucional al fuero penal militar es un "retroceso" del país en materia de los derechos humanos.
"Estamos preocupados, hay avances y retrasos, es nuestro deber facilitar que hay avances por eso hicimos crítica de esta reforma. Pensamos que este es un retraso", declaró el delegado de la ONU.
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