El Congreso hondureño destituyó hoy a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión considerada por medios locales y analistas como un "golpe técnico" al máximo órgano de justicia del país.
Los magistrados pertenecen a la Sala Constitucional, que en los últimos días se pronunció en contra de las pruebas de confianza, entre ellas el polígrafo que se utiliza para depurar a la policía.
La noche del lunes se aprobó una moción para realizar una investigación administrativa contra los cuatro magistrados y la madrugada de este miércoles se dictaminó que cometieron faltas y debían ser separados, lo que se consideró por algunos diputados como una violación al Estado de derecho y un acto inconstitucional.
Los magistrados destituidos con 97 votos a favor y 31 en contra son José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Cruz Gaekel, Rosa Linda Cruz de Williams y Gustavo Enrique Bustillo Palma.
A las 6:00, hora local (1200 GMT), fueron juramentados los nuevos magistrados Silvia Trinidad Santos, German García, Elmer Lizardo Carranza y se programó para el próximo lunes a Víctor Manuel Lozano.
El diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), German Leitzelar, dijo que "no existe en la Constitucion ni un artículo para destitur un magistrado y al hacerlo se incurre en un delito".
No tuvieron derecho a la defensa, fueron violados sus derechos, dijo.
El comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo que "los abusos que se cometen desde el Congreso Nacional son un pésimo ejemplo en un estado de derecho".
El martes, previo al inicio de la sesión del Congreso, el aspirante presidencial Ricardo Alvarez, que perdió las elecciones internas el 28 de noviembre frente al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, anunció que presentará hoy un recurso a la Corte Suprema para que se hiciera un recuento de votos debido a las sospechas de fraude.
Desde la semana anterior, el presidente Porfirio Lobo, se ha enfrascado en ataques a la Corte Suprema por haber rechazado iniciativas propuestas por el Ejecutivo entre ellas las pruebas de confianza a unos 14.000 policías, la modificación del impuesto sobre la renta y el rechazo a las ciudades modelo o zonas especiales de desarrollo.
Lobo denunció el viernes anterior una conspiración contra su gobierno y dijo que estaban coludidos dueños de medios de comunicación y magistrados de la Corte Suprema.
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