El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó hoy al presidente Sebastián Piñera su tercer informe anual, con un señalamiento crítico sobre el uso excesivo este año de la fuerza policial en contra de la etnia mapuche, mayoritaria en el país, y los estudiantes.
La directora del INDH, Lorena Frías, presentó públicamente su reporte en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), antes de entregarlo a Piñera.
El informe, cuya entrega coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, abarca el periodo 2012 y toca materias como derecho a la manifestación, acceso a la justicia, derechos económicos, sociales y culturales, igualdad y no discriminación, violaciones masivas, sistemáticas e institucionales, entre otras.
El informe de este año es especialmente crítico con el actuar de Carabineros, la policía militarizada de Chile, por el violento y desproporcionado uso de la fuerza durante las protestas de la región de Aysén contra la etnia mapuche, la comunidad de Freirina en la región de Copiapó y las manifestaciones estudiantiles.
Uno de los puntos críticos citados por la entidad fue la situación de las cárceles en Chile, debido al alto hacinamiento que se vive en los recintos penitenciarios.
En el análisis dan cuenta de que si bien la tasa bajó de 65 a 25 por ciento, esto se debe a que se ampliaron de 34.000 a 41.000 las plazas para 51.651 internos.
También se realiza una crítica al uso de las celdas de aislamiento, precisando que aún la cifra de ocupación de 141.254 días resulta preocupante.
También fue crítico de la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de personas de la etnia mapuche y el denominado caso "bombas", donde se acusó a jóvenes de poner artefactos explosivos para que luego la justicia desestimara todos los cargos.
En el caso de la etnia mapuche, la Ley Antiterrorista se aplicaría indiscriminadamente en caso de cualquier protesta social.
También criticó que se haya invocado la Ley de Seguridad del Estado (que protege la democracia y las instituciones) durante las protestas sociales de la región de Aysén a principios de año, donde incluso se acusó a dueñas de casa por infringir esa ley.
"En su aplicación práctica se observa un patrón que violenta el proceso de igualdad y no discriminación por su invocación preferente y selectiva a grupos discriminados por la sociedad", señala el documento.
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