Representantes del gobierno de México acudirán a la CIDH por el caso Iguala

Actualizado a las 27/07/2016 - 15:22

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Una delegación de alto nivel del gobierno de México viajará a Washington, para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y definir el mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur de México.

Este anuncio fue hecho en un comunicado conjunto por las secretarías de Gobernación (Interior) y Relaciones Exteriores (SRE), así como de la Procuraduría General de la República (PGR,fiscalía).

Esta representación gubernamental presentará a la CIDH los acuerdos alcanzados con los padres de los estudiantes desaparecidos, así como de sus representantes legales, en lo que hace a los objetivos, composición, funcionamiento y financiamiento del mecanismo, precisa la nota.

Se detalla que con base en lo convenido, corresponde ahora a la comisión dictar las acciones correspondientes para el cumplimiento de las medidas cautelares en este caso.

La delegación estará compuesta por el vicecanciller para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, el viceministro de Gobernación para Asuntos de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el vicefiscal de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos Torres.

Las reuniones tendrán lugar en la sede de la CIDH en Washington, a partir de mañana, miércoles, y hasta el próximo 29 de julio.

"El gobierno de México reitera su compromiso indeclinable con la promoción y protección de los derechos humanos, así como su voluntad de seguir cooperando con la CIDH para la investigación de este caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la atención a las víctimas", puntualiza la nota oficial.

Los 43 normalistas desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 luego de que policías de la municipalidad de Iguala los detuvieron cuando viajaban en autobuses.

De acuerdo con las declaraciones de presuntos responsables detenidos y estudios forenses, la PGR sospecha que los policías entregaron a los estudiantes a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y cremado sus cuerpos para desaparecerlos por suponer que eran delincuentes rivales.

Esa hipótesis ha sido puesta en duda por dos estudios forenses posteriores, uno efectuado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otro llevado a cabo por expertos a petición de la CIDH.