Entrevista con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL: “La violencia contra la mujer sigue siendo un problema serio”

Actualizado a las 24/03/2016 - 17:24

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El pasado año se conmemoraron veinte años de la histórica IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China.

Desde ese crucial encuentro hasta la fecha, la situación de las mujeres ha mejorado a un ritmo sostenido, aunque todavía queda mucho por lograr a favor de la equidad de género y la igualdad de oportunidades sociales.

Este año se celebrará en Montevideo la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe.

A propósito de los planes para fortalecer los derechos de la mujer en la región, el Diario del Pueblo dialogó en Santiago de Chile con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.

Diario del Pueblo: ¿Qué opina sobre el actual desarrollo de los derechos de la mujer latinoamericana, especialmente en la equidad de género y en su participación laboral y política?

Alicia Bárcena: El año pasado conmemoramos veinte años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de la aprobación de la Plataforma de Acción que fue adoptada por unanimidad por 189 gobiernos. El exámen que hicieron los países en esta ocasión nos permitió visibilizar avances significativos, pero también muchos desafíos pendientes para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en América Latina y el Caribe.

En general, la situación de las mujeres ha mejorado a un ritmo sostenido, aunque lento y con resultados heterogéneos. Entre los avances se destacan aquellos alcanzados en materia de educación. Hoy las mujeres tienen más años de estudio que los hombres. Sin embargo, nos encontramos desaprovechando estos avances educativos, ya que una de cada dos mujeres está fuera del mercado laboral. Los más de 100 millones de mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo en la región están concentradas en los sectores de más baja productividad, empleo doméstico e informal. La brecha salarial y la segmentación horizontal y vertical les impiden tener mayor retribución por su trabajo. A esto se le suma la carga casi exclusiva del trabajo del cuidado de la familia y el escaso desarrollo de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar para hombres y mujeres en su conjunto. En todos los países que mantienen registros sobre este tema, las mujeres trabajan más horas que los hombres. Son 18 países.

Una de cada tres mujeres no tiene ingresos propio, mientras que sólo uno de cada diez hombres se encuentra en esta condición. Además, mientras la pobreza en la región ha disminuido, el índice de la pobreza en las mujeres aumentó de 108 mujeres por cada 100 hombres en 1990 a 118 en el 2014.

Los estados han asumido un rol más activo y hoy en día las políticas de género forman parte del entramado institucional de los países, a través de la creación de nuevas instituciones y diversos mecanismos nacionales y territoriales. Todos los países tienen ministerios o institutos de la mujer y con una mayor jerarquía, pasando de un 15% en 1990 al 60% en el 2014. La mayoría de los países han avanzado en la transversalización de género, incluyendo planes de desarrollo y los procesos de descentralización, planificación y presupuestos.

Se han fortalecido sistemas nacionales de estadísticas de género que nos permiten visibilizar, monitorear y evaluar tanto la situación respecto a la igualdad como a los impactos de las políticas públicas en esta dirección.

También se ha fortalecido el marco normativo y jurídico de derechos de las mujeres, y se han alcanzado cambios respecto al goce efectivo por parte de ellas.

Hay leyes de violencia de género vigentes en todos los países, incluyendo leyes integrales en 10 casos. 14 países reconocen el feminicidio. La violencia contra las mujeres ya no es un asunto privado, se ha hecho visible y se ha transformado en prioridad de política pública de los gobiernos. A pesar de los esfuerzos mencionados, la violencia contra las mujeres que es la expresión más grave de discriminación de género, incluso en sus formas más extremas como el femicidio, no ha disminuido. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe ha hecho un esfuerzo para recoger las cifras oficiales de femicidios, pero todavía no hay información disponible en todos los países. Sin dudas, la violencia contra la mujer sigue siendo un problema serio.

En el pasado reciente, seis mujeres han accedido a la presidencia o a la máxima jefatura de Estado por la vía democrática, cuatro de ellas reelectas. También se ha producido un significativo aumento de la participación de las mujeres en los parlamentos, en parte gracias a leyes de cuotas vigentes en 15 países.

Frente a este panorama, para el cambio cultural y romper con los estereotipos, es necesario superar muchos de los problemas que enfrentamos actualmente: segregación de mujeres a carreras tradicionales; violencia de género, incluso en parejas jóvenes; embarazos de adolescentes; baja participación de las mujeres en ciencia y tecnología; obstáculos para la participación de las mujeres en política y en posiciones de toma de decisiones.

Diario del Pueblo: Sin duda alguna, todavía hay oportunidades para mejorar más la situación de la mujer. ¿Cuáles son?

Alicia Bárcena: La CEPAL promueve una agenda que tiene a la igualdad de género en su centro y que plantea un desarrollo armónico en los pilares sociales, económicos y ambientales, lo que requiere además revisar la estructura productiva regional, fuertemente heterogénea.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la comunidad internacional en 2015 representan un consenso global sobre la importancia de la igualdad, y en especial sobre la igualdad de género. Representan una puerta potencial de entrada para un abordaje integral de la autonomía de las mujeres y de sus interrelaciones, ya que entendemos que no es posible lograr avances importantes si se descuida cualquiera de estas dimensiones. No podemos entender la pobreza sólo en términos de ingresos y no de tiempo, o la desigualdad económica, sin considerar la violencia, los derechos sexuales, reproductivos y la participación en la toma de decisiones.

En materia económica, sin la activa participación de las mujeres en el mercado laboral, es imposible derrotar la pobreza y la desigualdad, ya que el aumento de la de la pobreza en las mujeres nos obliga a repensar y replantear las políticas sociales y económicas, cuyos impactos negativos han afectado desproporcionadamente al género femenino.

En materia de autonomía física, el problema de la violencia de género es la manifestación más brutal de la discriminación de género y ejemplifica las dificultades para desmontar la estructuras de poder y desigualdad, ya que la violencia y en particular el feminicidio persisten a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, de la creciente conciencia pública y de la histórica lucha del movimiento de mujeres y de la sociedad civil para su prevención y sanción.

Por estas razones, y como bien lo muestra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, la transformación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres implica atacar barreras estructurales que impiden la autonomía de las mujeres en los ámbitos público y privado. Estas mismas barreras son la que persisten dificultando la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

En los próximos años afrontaremos importantes desafíos, a partir de tendencias como los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la creciente urbanización, el cambio climático, la brecha digital, entre otros procesos en curso. Todos ellos afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Las políticas neutras profundizan las brechas. Asi también se ha de romper el silencio estadístico para visibilizar claramente dichas brechas y poder atenderlas con urgencia.

Necesitamos mejorar las políticas públicas considerando estas diferencias y las experiencias de las mujeres, para lograr impacto: elevando el número de mujeres con ingresos propios y suficientes, rompiendo el techo de cristal, compatibilizando la vida personal y laboral para hombres y mujeres, generando equidad y socializando el trabajo de los cuidados familiares, derrotando la pobreza del tiempo disponible y creando condiciones de igualdad para todas las personas.

En este sentido, el desarrollo sostenible debe incluir de manera integral la igualdad de género, porque de lo contrario no puede ser considerado ni desarrollo ni sostenible. Ese es justamente el núcleo del debate para la agenda regional de género, que será definida en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que celebraremos en Montevideo, en octubre de este año.

Diario del Pueblo: ¿Cúal es su criterio sobre el desarrollo de los derechos de la mujer en China?

Alicia Bárcena: La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer precisamente se celebró en Beijing, en 1995. Allí se aprobó una plataforma de acción que sigue muy vigente.

Fue pertinente que, destacando el vigésimo aniversario de la Conferencia de Beijing, el gobierno de China publicara un White Paper sobre las políticas que promueven la igualdad de género. Tal como se menciona en ese documento, las mujeres de China representan casi el 20% de la población mundial de mujeres, por lo tanto el nivel de autonomía que ellas alcanzan en China no solamente marca el progreso del país, sino constituye una contribución a la equidad global.

En este documento se destacan los esfuerzos del gobierno en fortalecer la institucionalidad para la igualdad de género en diferentes niveles del Estado. En esto también se ha avanzado en América Latina y el Caribe donde, como antes mencioné, todos los países tienen un mecanismo nacional para el adelanto de la mujer. El White Paper también destaca los esfuerzos graduales de China para fortalecer el sistema estadístico que permite visibilizar la situación, avances y retrocesos respecto a la autonomía de las mujeres.

Para la CEPAL, esto constituye un eje fundamental de nuestro trabajo en la región: fortalecer los institutos nacionales de estadística para la recopilación y difusión de datos sobre hombres y mujeres, aportando así información al fortalecimiento de las políticas públicas. Para estos fines, el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) se ha constituído como una herramienta indispensable en la región.

También celebramos la entrada en vigor el 1 de marzo de la primera ley contra la violencia doméstica en China, que prohíbe el abuso físico y psicológico perpetrado no solo por miembros de la familia sino también por convivientes. Entendemos que esta normativa ayudará a hacer más efectivas las órdenes de restricción para los abusadores, entre otras medidas de protección para las mujeres, quienes son las principales víctimas de la violencia doméstica.

Con este importante avance, China se suma a la larga lista de países de América Latina y el mundo que han tipificado como delito este flagelo, que, como decía, impide a las mujeres gozar tanto de su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.