Procurador general de Brasil se opone a votaciones secretas para abrir juicio político a Rousseff

Actualizado a las 12/12/2015 - 13:56

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RIO DE JANEIRO, 11 dic (Xinhua) -- El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, se mostró hoy en contra de que las votaciones para iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff sean secretas.

Según un parecer enviado al Tribunal Supremo Federal (STF), Janot asegura que las votaciones en el Congreso para evaluar una posible suspensión de la mandataria de su cargo tienen que ser abiertas.

El ministro del STF Edson Fachin había solicitado a Janot su opinión, tras suspender él la votación que se hizo el martes en el Congreso para iniciar los trámites para el juicio a Rousseff.

El procurador dijo que según la Constitución brasileña, apenas las votaciones para integrantes de las mesas directoras del Congreso y el Senado, y para indicar autoridades, como ministros del Supremo y el procurador general, deben ser secretas.

"Las Casas del Congreso Nacional no tienen el derecho de decidir por votación secreta cuando la ley fundamental del país no los autorizó. Esto se aplica a la elección de miembros de la comisión especial de la Cámara de los Diputados en el proceso de 'impeachment'", comentó.

La votación secreta en la Cámara llevó a Fachin a suspender el martes el proceso para abrir un juicio a Rousseff, al entender que la votación no está prevista ni en la Constitución ni en el régimen interno en el Congreso.

En la votación, se eligió un grupo formado por 39 de los 65 miembros de la comisión que debe estudiar la apertura de un juicio a Rousseff, por 272 a 199 votos.

Janot también se mostró contrario a la necesidad de defensa previa de Rousseff antes de la apertura del juicio al entender que la presidenta de la República podrá defenderse en otras fases del proceso, delante de la comisión especial de la Cámara que analiza las acusaciones contra ella, y también en el Senado.

Janot también dijo que Rousseff debe ser apartada de su cargo apenas por decisión del Senado y no de la Cámara de Diputados, como prevé la ley de 1950, siempre que lo decidan 41 de los 81 senadores previa luz verde de dos terceras partes del Congreso.

Rousseff pidió a la corte suprema la anulación de la apertura de un proceso de juicio político en su contra, autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En el documento, suscripto por la Abogacía General de la Unión, la mandataria alega que Cunha no garantizó su derecho de defensa antes de permitir el inicio del proceso.

"Es acto tan grave y de consecuencias tan significativas, que el principio de amplia defensa y del contradictorio no se condice con la imposibilidad de que el presidente de la República se contrapuna a la denuncia antes de la decisión del presidente de la Cámara", afirma el texto.

Los cargos a los que Rousseff se enfrenta son unas supuestas maniobras fiscales que el Gobierno llevó a cabo en 2014 y continúo en 2015 con el fin de maquillar sus cuentas.

La apertura de un proceso con miras a la destitución de la jefe de Estado fue solicitada por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores que considera que esas maniobras suponen "delitos de responsabilidad", una de las causas que la Constitución brasileña contempla como motivo para la destitución de un mandatario.