SANTIAGO, 9 sep (Xinhua) -- El atentado con una bomba en una zona aledaña al Metro de Santiago este lunes, con un saldo de 14 heridos, provocó un cambio en la agenda política del gobierno para elevar el nivel de seguridad de Chile.
Se trató del acto terrorista más violento y que más ha afectado a la población desde el fin del régimen militar y el retorno a la democracia en 1990. La presidenta Michelle Bachelet lo calificó como "claramente un acto terrorista", indicando que ello no significa que el terrorismo se haya instalado en el país.
Los esfuerzos del gobierno estaban en aprobar la Reforma Tributaria en el parlamento, con el fin de obtener de forma permanente 8,200 millones de dólares para emprender la Reforma de la Educación, y afrontar la desaceleración económica, pero ahora los temas de seguridad ocupan su mayor atención.
La propia mandataria viajará el próximo 20 de septiembre a Nueva York para asistir a la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas y participar en una reunión del Consejo de Seguridad, del que Chile es miembro no permanente, donde se abordará el tema del terrorismo.
Ello es razonable porque en un país inseguro se crean incertidumbre y miedo en la población, sobre todo en Chile que vivió, entre el golpe de estado de 1973 y el fin del régimen militar en 1990, un permanente estado de excepción, y ahora se cumple el 41 aniversario del inicio de aquella tragedia.
En su afán por tranquilizar a sus compatriotas, Bachelet insistió en "llamar a la calma: lo que ha sucedido es horrible, abominable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro".
Lo que ha trascendido es que dos hombres jóvenes instalaron un extintor con pólvora negra en un basurero de un centro comercial subterráneo, junto a la estación de metro Escuela Militar, donde transitan más de 100.000 chilenos cada día.
La bomba estaba asociada a un sistema de relojería y estalló a las 14.04 hora local, cuando cientos de personas disfrutaban del horario de almuerzo. Entre las víctimas hay empleados de los locales comerciales y transeúntes. Los autores huyeron en un auto desde el lugar de la explosión.
En un inicio, se planteó que la bomba era artesanal, lo que podría indicar que se trataba de un grupo sin mayor experiencia ni logística.
De acuerdo con la policía, que en ese atentado se utilizó el mismo mecanismo utilizado en las otras dos explosiones que se han registrado en los últimos meses en las estaciones del Metro, la de Puente Alto y Los Domínicos, y en una comisaría del centro de Santiago.
Una de las principales tareas es perfeccionar la Ley Antiterrorista, para lo cual trabaja aceleradamente en un proyecto de ley para presentarlo al Congreso antes del 15 de septiembre, incluyendo cambios profundos en el sistema de Inteligencia y mayor coordinación de las policías con la Fiscalía.
Desde el gobierno anterior, ya se hablaba de la inoperancia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por sus falencias en su misión de advertir amenazas y peligros para la seguridad nacional y, al parecer, ahora se priorizará su reestructuración.
Según las autoridades, desde el año 2005, han ocurrido unos 200 atentados con explosivos, los cuales se atribuyen a grupos "anarquistas" o "antisistema social".
La oposición de derecha ha criticado al gobierno, acusándolo de dar señales confusas en materia de seguridad al no aplicar al conflicto mapuche la Ley Antiterrorista, aunque sí la invocó para el bombazo de mediados de julio y el de este lunes.
El ex ministro del Interior de la administración del presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick fustigó la "ambigüedad" con que actúa el gobierno, exigiendo una "mayor decisión contra el terrorismo y no seguir entregando señales erróneas".
El gobierno ha reiterado que a las policías no le faltarán recursos para investigar, junto con la Fiscalía, este caso, que podría alejar a los turistas de Chile, como lo advirtieron los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y Bélgica.
Es previsible que las autoridades continúen no sólo buscando a los autores del bombazo, sino que sigan haciendo esfuerzos por eliminar la sensación de inseguridad que ha quedado en la población y refuercen todos los mecanismos para prever actos similares para que Chile sea un territorio seguro para los turistas y sus 17 millones de ciudadanos.
(Editor:Felipe Chen、Rocío Huang)