Perú planteaba que esos acuerdos son apenas convenios para regular la actividad pesquera en la zona y no tratados de límites, y reclamó tanto que la frontera marítima sea fijada en una línea equidistante a las costas de ambos países, como el reconocimiento de sus derechos soberanos sobre 200 millas marinas.
"La firma de la Declaración de Santiago de 1952 por parte de Chile y Perú no llevó a cabo una delimitación marítima general", leyó Tomka.
La CIJ aseguró que el acuerdo de 1954 se aplica también a Chile y no sólo a Ecuador como aseguraba Perú.
Los jueces consideran que en el acuerdo de 1954 da cuenta de un "acuerdo tácito" entre Chile y Perú sobre una frontera marítima, pero que no hay detalles de cómo se convino ni de su extensión.