La justicia chilena inicio hoy un proceso con nuevas acusaciones contra los funcionarios públicos involucrados en actos negligentes que causaron la muerte de 153 personas durante el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
La acción judicial es presentada por las familias de las víctimas contra los funcionarios que desestimaron la posibilidad de tsunami o maremoto, en un proceso en el que se ha visto involucrada la entonces presidenta Michelle Bachelet.
Durante la audiencia efectuada este lunes, la Fiscalía Nacional presentó acusaciones contra ocho imputados, entre los que se encuentra el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández.
Junto a ellos está una serie de funcionarios de la Onemi y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) quienes desestimaron todas las alertas sobre tsunami en la madrugada del 27 de febrero de 2010 y sugirieron a la presidenta Bachelet no dar la alarma.
Tras el terremoto de 8,8 grados Richter de esa madrugada, los distintos servicios sismológicos instalados en el océano Pacífico por Estados Unidos indicaban la certeza de un tsunami, por lo que avisaron a las agencias de Chile, quienes no tomaron en cuenta las advertencias.
Producto de esto, se produjo una confusión, donde se dio la alerta de manera tardía y luego se retiró el anuncio, en circunstancias en que la ola producida por el tsunami comenzaba a afectar a la mayor parte de la costa de la zona centro sur de Chile, a lo largo de unos 800 kilómetros.
A esas alturas, el terremoto de por sí ya había dejado 525 víctimas y más de dos millones de personas con sus viviendas seriamente damnificadas.
Afortunadamente, la mayor parte de la población de las zonas costeras había evacuado por su cuenta, debido a los antecedentes históricos de un país frecuentemente afectado por terremotos.
Durante el proceso de investigación, la ex presidenta Bachelet declaró dos veces ante la justicia, de manera privada, explicando su actuar durante la crisis.
De todos modos, la justicia chilena optó hoy por no someter a proceso a la ex mandataria y sí a aquellos que le entregaron información errónea.
Asimismo, se decidió continuar con la investigación, en calidad de acusados, al ex subsecretario Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, determinando que ambos tenían información de campo suficiente para revocar la cancelación de la alerta de tsunami, pero no lo hicieron.
También determinó que los funcionarios del SHOA nunca debieron haber cancelado la alerta de tsunami, y acusó al servicio de alterar datos de la magnitud del terremoto.
Se informó que durante los próximos días se discutirán las medidas cautelares que solicitará la fiscal Huerta.
Hasta el momento, los ocho imputados estaban sujetos sólo a arraigo nacional.
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