Decenas de dominicanos de ascendencia haitiana, entre ellos niños y jóvenes, exigieron hoy al tribunal electoral de República Dominicana la entrega de documentos de identidad que certifiquen su ciudadanía, y que según los manifestantes les son negados por las autoridades.
La manifestación se concentró en una tradicional plaza del casco viejo de Santo Domingo, donde integrantes del Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación reclamaron a la Junta Central Electoral (JCE) la restitución de los derechos civiles de la población supuestamente afectada por una resolución de 2007.
La resolución fue dispuesta por el organismo para "depurar" el registro civil dominicano.
La organización pidió a la JCE copias de sus respectivas actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, y la eliminación de las "trabas que impiden la obtención oportuna de la documentación", y exigieron que el tribunal electoral reconozca públicamente los perjuicios causados por esta política "discriminatoria".
La resolución 12-07 dispuso suspender provisionalmente la expedición de actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición, y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales.
El lunes, algunos ciudadanos haitianos y organizaciones defensoras de los derechos humanos en República Dominicana criticaron los métodos utilizados por las autoridades locales para deportar a Haití a inmigrantes de ese país que residen en calidad de indocumentados en territorio dominicano.
La manifestación se produjo frente a un Centro de Retención de Inmigrantes que opera al sur de la capital dominicana, y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
"En el centro de retención los extranjeros son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes: (sufren) hacinamiento, insalubridad de las instalaciones, prácticas de tortura, extorsión y agresión psicológica", señaló en un comunicado el Centro Bonó, una de las organizaciones que convocaron la protesta.
Cada año, miles de inmigrantes ilegales llegan a República Dominicana procedentes de de Haití. Ambos países comparten la isla Hispaniola, en el centro del Caribe.
Se estima que en territorio dominicano vive un millón de haitianos de manera irregular, aunque las autoridades haitianas calculan que sólo son 600.000.
República Dominicana reanudó a principios de 2011 la repatriación forzosa de ilegales haitianos que había suspendido en febrero de 2010, un mes después del devastador sismo del 12 de enero de ese año, que causó 222.570 muertos y daños por 7.900 millones de dólares.
En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló culpable al Estado dominicano por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de seis haitianos que fueron asesinados en territorio dominicano el 18 de junio de 2000.
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