Supremo Tribunal de Brasil responsabiliza penalmente a 1.399 personas por intento de golpe en 2023

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, informó este jueves que 1.399 personas fueron responsabilizadas penalmente por los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, y que actualmente cumplen condena 179 personas.

Los ataques, de los que hoy se cumplen tres años, resultaron en la invasión y destrucción de las sedes de la Cámara de Diputados, el Senado Federal, el Palacio del Planalto y el propio STF.

En una ceremonia en defensa de la democracia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó integralmente un proyecto de ley aprobado el mes pasado en el Congreso que pretendía reducir las penas a los condenados.

Según el gabinete de Moraes, se encuentran detenidas 179 personas, de las cuales la gran mayoría cumple condena firme en régimen cerrado. El grupo restante se distribuye en diversas categorías legales, incluyendo 50 personas en prisión domiciliaria, 8 en prisión preventiva y 7 en prisión preventiva derivada de una condena criminal.

Estas cifras incluyen al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y a 28 exintegrantes de su gobierno, condenados por planificar un intento de golpe de Estado para evitar la toma de posesión de Lula da Silva en la Presidencia de la República.

También están entre ellos cinco exintegrantes de la cúpula de la Policía Militar del Distrito Federal, responsabilizados por omisión en el ejercicio de sus funciones al permitir el acceso de los manifestantes a la Plaza de los Tres Poderes y el vandalismo en los edificios.

La gran mayoría, correspondiente a 979 personas o el 68,9 por ciento, fue responsabilizada por delitos de menor gravedad y recibió penas de hasta un año de detención en 415 casos, o bien fueron beneficiadas por Acuerdos de No Persecución Penal.

Para quienes cometieron crímenes de mayor gravedad, 254 personas (18,1 por ciento) tuvieron penas fijadas entre 12 y 14 años de prisión, y 119 (8,5 por ciento) entre 16 y 18 años.

Únicamente 14 acusados, todos integrantes de los cuatro núcleos identificados como responsables de la planificación y ejecución de las acciones principales de apoyo al intento de golpe de Estado, recibieron penas superiores a los 18 años de prisión, siendo la mayor de ellas de 27 años y seis meses para Bolsonaro.

Los acuerdo de ejecución penal fueron ofrecidos a los que respondían únicamente por los delitos de incitación al crimen y asociación criminal, considerados de menor gravedad.

Se encuentran en curso 518 investigaciones y un total de 346 acciones penales en distintas etapas procesales.