Gobierno boliviano endurece discurso contra protestas en medio del debate legislativo antibloqueo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, defendió este jueves el derecho constitucional a la protesta social, pero advirtió que los manifestantes que utilicen dinamita y pongan en riesgo la vida de otras personas serán enviados a la cárcel, en medio del debate legislativo de una ley contra el bloqueo de vías, tras casi tres semanas de huelgas, marchas y bloqueos de carreteras para protestar contra las medidas económicas del Gobierno.

La protesta es un derecho constitucional, pero "el que use cachorro (cargas) de dinamita y ponga en riesgo la vida de un boliviano se va a ir a la cárcel", afirmó el mandatario ante la prensa, al fijar una línea roja frente a la violencia en las movilizaciones.

Paz Pereira subrayó que el Estado no puede tolerar prácticas que amenacen la seguridad de la población, incluso en el marco de demandas sociales legítimas, luego de 20 días de protestas contra el decreto 5503, que retiró la subvención a los hidrocarburos y aprobó un paquete de medidas económicas.

En ciudades como La Paz y El Alto (oeste), las manifestaciones dejaron daños en vías públicas por el uso de explosivos, principalmente por parte de mineros sindicalizados, según reportes oficiales.

El presidente boliviano formuló su advertencia durante un acto de homenaje a los caídos de la calle Harrington, donde recordó a los ocho líderes políticos asesinados el 15 de enero de 1981 durante la dictadura de Luis García Meza.

Paz Pereira insistió en que el derecho a la protesta no puede ser prohibido, pero sí regulado para evitar acciones que generen violencia o pongan en peligro a otros ciudadanos.

Rechazó de manera tajante el uso de la dinamita como mecanismo de presión y comparó esa práctica con la corrupción. "Es lo mismo que la corrupción, le estás haciendo daño a la patria", reflexionó.

El presidente vinculó la conflictividad social con el deterioro de la imagen internacional del país y su impacto económico. Señaló que en 2024 y 2025 Bolivia no logró captar mayor inversión extranjera porque fue percibida como un "país bloqueador", una reputación que, según dijo, desincentiva la llegada de dólares y agrava las dificultades económicas.

En ese contexto, el Gobierno anunció su respaldo a iniciativas legislativas que buscan sancionar penalmente los bloqueos de caminos, una forma histórica de protesta en Bolivia.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó hace unos días que el Ejecutivo apoyará cualquier proyecto de ley que intente frenar esta práctica y sostuvo que los bloqueos provocan pérdidas estimadas en unos 20 millones de dólares diarios, una cifra que, según el Gobierno, duplica el ahorro diario logrado con la eliminación del subsidio a los carburantes.

En la agenda parlamentaria figuran al menos tres proyectos de ley que proponen endurecer las sanciones contra los bloqueos, con penas de hasta 20 años de prisión y la tipificación de esta práctica como delito contra la seguridad alimentaria y la salud.

Este jueves, el Senado aprobó que una "comisión integrada", conformada por las comisiones de Constitución y de Justicia Plural, se encargue de tratar a la brevedad posible el proyecto de ley antibloqueo mediante diálogo con sectores económicos y sociales.

A su vez, la proyectista y senadora Claudia Mallón explicó que el objetivo es instalar mesas técnicas e invitar a organizaciones sociales, empresarios y productores para debatir la norma.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia sindical. La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Choferes y el Magisterio Urbano rechazan la norma y sostienen que el bloqueo es una herramienta reivindicativa de última instancia cuando las autoridades no responden a las demandas sociales.

"Pretenden castigar la lucha del pueblo. No se equivoquen, hay un pueblo vigilante", advirtió el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

La COB recordó que los bloqueos recientes derivaron en la derogación del decreto 5503 mediante el decreto 5516, en cumplimiento de un acuerdo firmado con el Gobierno para poner fin al conflicto.

En la misma línea, el exdirigente campesino Humberto Claros calificó la propuesta como "un recurso de odio a la protesta popular" y advirtió sobre una eventual criminalización de la movilización social.

En contraste, sectores empresariales y productivos, como la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, reclaman garantizar carreteras expeditas durante todo el año y alertan sobre pérdidas millonarias.