Gobierno argentino concreta primera privatización de empresa pública

El Gobierno de Argentina llevó a cabo la primera privatización de una empresa pública bajo el mandato del presidente Javier Milei, concretando la venta de una metalúrgica que será adquirida por el consorcio estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF), cuyo principal socio es Arc Energy, informó hoy miércoles el Ministerio de Economía.

La cartera precisó en un comunicado que las acciones de Impsa, empresa radicada en la provincia de Mendoza (oeste), que estaban en manos del Estado nacional y provincial, fueron preadjudicadas a IAF.

"IAF ofertó 27 millones de dólares en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de 576 millones de dólares", señaló.

Fundada en 1907, la empresa Impsa se dedica a la fabricación de equipos como turbinas, grúas y reactores que abastecen a la industria metalúrgica, energética y tecnológica del país. En 2021 fue intervenida por el Estado en medio de un largo proceso de reestructuración de su deuda.

La privatización anunciada este miércoles se produjo luego de que una "Comisión Evaluadora" integrada por un fondo del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza, resolvieran que IAF cumplió con los requisitos para la adquisición de la empresa.

"La Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación, que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa", agregó el ministerio.

No obstante, la cartera informó que IAF "deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia".

"La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado", agregó.