Cámara de Diputados de Bolivia anula polémica "jubilación forzosa" incluida en iniciativa del Gobierno

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó hoy viernes el proyecto de Ley 035 que modifica la Ley de Pensiones y elimina la controvertida "jubilación forzosa", que estaba incluida en la propuesta gubernamental dentro del sistema de pensiones en la nación sudamericana.

El precepto eliminado exigía la jubilación a los 65 años de edad sujeta a un examen médico obligatorio, modificación que ahora pasará a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual aprobación, así como posterior promulgación.

El proyecto original planteaba la realización de un examen de aptitud física y mental para que los trabajadores pudieran seguir laborando después de los 65 años.

Previamente, el acuerdo alcanzado entre la Central Obrera Boliviana (COB), máxima entidad de los trabajadores, y el Colegio Médico fue clave para alcanzar este viernes el consenso en la Cámara de Diputados.

Sectores sindicales celebran la decisión como victoria frente a una medida que consideraban perjudicial para sus derechos.

La polémica iniciativa provocó tensiones entre el Gobierno y varios sectores de la sociedad como médicos y maestros que llevaron a cabo distintas movilizaciones para que la medida fuera eliminada del texto.

La modificación al proyecto original incluye también mejoras para los jubilados de menores ingresos como el ajuste en los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez que permitirá un incremento de hasta 1.000 bolivianos (unos 144 dólares) en las pensiones más bajas.

La diputada oficialista del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), Deysi Choque, consideró que la aprobación del proyecto de ley es un ejemplo del diálogo entre el Gobierno, la COB y el gremio médico.

Choque sostuvo que lo anterior demuestra la capacidad de construir consensos en momentos de alta tensión social.

Médicos bolivianos agrupados en la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) habían advertido sobre un paro del gremio a nivel nacional durante cinco días si no se eliminaba la llamada "jubilación forzosa".

El rechazo a la iniciativa original forzó negociaciones entre las partes que derivaron en el acuerdo final entre el oficialismo, la COB y fuerzas políticas al interior del Legislativo.