Presidenta peruana saluda investigación de Fiscalía por presunto financiamiento irregular

 La presidenta peruana, Dina Boluarte, saludó hoy miércoles el inicio por parte de la Fiscalía de una investigación en su contra, así como del expresidente Pedro Castillo, por el presunto financiamiento irregular del partido Perú Libre en la campaña electoral de 2021.

"La presidenta Dina Boluarte, como demócrata y respetuosa de la autonomía de las instituciones, saluda que la Fiscalía haya iniciado una investigación respecto a declaraciones de personas del entorno de Pedro Castillo sobre supuesto financiamiento a la campaña electoral", indicó la Presidencia vía Twitter.

Según agregó, las pesquisas harán que las personas que vienen declarando en los medios de comunicación "respondan con la verdad, entreguen las pruebas y señalen quiénes y cómo recibieron supuestos aportes, y cómo estos fueron administrados".

El despacho presidencial llega luego de que el Ministerio Público anunciara el martes que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos había ampliado la investigación contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro.

En este caso, por los "delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal", al considerar que la presunta comisión de los mismos se habría producido en 2021 durante la campaña electoral de Perú Libre, que llevó la fórmula Castillo-Boluarte al poder.

En declaraciones a "Radio Programas del Perú", Shimabukuro afirmó que durante la segunda vuelta electoral apoyó "en todo" a Boluarte, aunque dijo que los aportes no se le entregaron a ella directamente, sino a través de intermediarios.

La Presidencia respondió que si Shimabukuro colaboró con actividades partidarias lo hizo "absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno", y descartó cualquier "negociación, pedidos o favores" de parte de Boluarte.

La mandataria, que asumió el pasado 7 de diciembre luego de la destitución de Castillo por intentar disolver el Congreso, afronta otra investigación preliminar de la Fiscalía por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, debido a las decenas de muertes registradas durante las protestas en su contra entre diciembre y enero pasado.