El gobierno cubano estableció hoy modificaciones legales a los informes de auditoría, supervisión y control que se realicen en la entidades estatales y empresariales, para que en lo adelante recojan los daños y perjuicios económicos causados al patrimonio público.
Una nueva disposición de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial, actualiza los aspectos a tener en cuenta para la identificación y cuantificación de esas pérdidas, que el auditor recogerá en un anexo al confeccionar el informe correspondiente.
Los daños y perjuicios económicos provocados a la entidad sobre los recursos materiales, económicos, financieros, y naturales, repercuten en sus objetivos, metas y resultados y por consiguiente, tienen un impacto negativo para la economía del país, requiriéndose para su disminución identificar las causas que los originan, señaló la normativa.
La resolución forma parte del proceso de actualización del modelo económico cubano que impulsa el gobierno del presidente Raúl Castro.
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