La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) criticaron hoy, por separado, el "excesivo poder" que puede acumular el gobierno tras la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Financieros.
Esta iniciativa, que se debatirá la próxima semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, plantea que el Ministerio de Economía controle y regule las entidades financieras.
"En el proyecto de Ley de Servicios Financieros hay una observación en particular, el excesivo poder que se estaría concentrando en el ministerio de Economía; el ministerio, a través de un decreto, puede intervenir a cualquier institución financiera, puede regular muchas cosas", dijo a periodistas el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez.
El excesivo poder otorgado de pronto a un solo ministerio puede poner en entredicho la fluidez y transparencia del manejo del tema económico, indicó Sánchez.
"La ASFI está bajo tuición del ministerio de Economía, entonces qué pasaría si hay una mala decisión de esta entidad que no la pueda corregir la ASFI o el Banco Central", cuestionó.
La ASFI propuso que la independencia de las entidades se mantenga vigente a partir de la promulgación de la nueva Ley de Servicios Financieros.
Por su parte el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, pidió al gobierno y al Poder Legislativo consolidar la sostenibilidad del sistema financiero, como un patrimonio no sólo de la banca, sino esencialmente de la economía y la sociedad bolivianas.
Ratificó que el sector tiene una decena de observaciones sobre la futura Ley de Servicios Financieros, que aún espera sean consideradas en la Asamblea Legislativa.
Según Asoban, es fundamental resguardar la institucionalidad para el funcionamiento de las instituciones financieras, con procedimientos que promuevan "pesos y contrapesos" para un adecuado funcionamiento del sistema, con el fin de proteger a todos los actores del sector (ahorristas, clientes, usuarios, accionistas).
Asoban expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda dictar, mediante Decreto Supremo, medidas de intervención de una entidad financiera, sin que necesariamente existan las causales específicas establecidas que conduzcan a un proceso de regularización, solución o liquidación, ya establecidas en la ley.